La Maquina de Hacer Pájaros
Actualmente, en México hay 209,053 personas privadas de la libertad, el 40% en prisión preventiva, en su mayoría personas pobres sin recursos para una defensa adecuada.
Por: Paola ZAVALA SAEB
No hay nada más marginal que la cárcel, un repositorio de personas castigadas que pocos ven, alejadas de lo común, olvidadas. Por eso, la exclusión que viven las personas en la cárcel ha sido llamada la muerte social. Cuando salen de la cárcel se abren las puertas de la prisión pero no de la sociedad; a la mayoría el estigma y la discriminación les persigue el resto de su vida.
El principio básico de derechos humanos sobre presunción de inocencia tiene como objetivo que nadie vaya a la cárcel si no se ha comprobado la comisión del delito y se le ha declarado culpable. Sin embargo, la Constitución establece una excepción: la prisión preventiva como medida cautelar para impedir que los acusados no se fuguen y enfrenten su proceso penal en prisión hasta que se les dicte sentencia.
El problema es que la excepción se volvió la regla condenando a la muerte social a muchas personas que no han sido declaradas culpables. Actualmente, en México hay 209,053 personas privadas de la libertad1. El 40% (¡cuarenta por ciento!) en prisión preventiva. La mayoría son personas pobres que no tienen los recursos para una defensa adecuada.
La legislación penal prevé que el ministerio público puede solicitar al juez 13 medidas cautelares alternas a la prisión preventiva como garantías económicas, inmovilización de cuentas bancarias, prohibición de salir del país o el uso de brazaletes como en el caso Lozoya, entre otros.
Sin embargo, la prisión preventiva es su favorita. La aplican muy frecuentemente y el problema se agrava cuando los legisladores no le dan ni siquiera margen al juez de dictar una medida alterna, estableciendo en la Constitución una lista cada vez más amplia de delitos por los que deberá ordenar prisión preventiva oficiosa.
En pocas palabras la regla se ha vuelto: acusa, castiga y luego averiguas.
Y el castigo no es solo la cárcel sin sentencia. Los datos estadísticos del INEGI2 muestran graves violaciones a los derechos humanos en los arrestos y las detenciones. En cuanto a las agresiones físicas el 59% de las personas privadas de la libertad refirió haber recibido patadas o puñetazos, 39% golpes con objetos, el 37% lesiones por aplastamiento, el 19.4% descargas eléctricas:
En cuanto a las agresiones psicológicas, el 58.3% de las personas privadas de la libertad fueron incomunicadas o aisladas, 52.5% fueron amenazadas con levantarles cargos falsos, 46.2%, fueron desvestidos, 40% fueron atados, 39.2% les vendaron los ojos o les cubrieron la cabeza:
Además el 43% de las personas procesadas llevan más de dos años en reclusión sin recibir sentencia, lo que viola el plazo constitucional establecido para ello.
La prisión preventiva deja secuelas irreversibles en la vida de personas inocentes. En un país donde todos los delitos pueden merecer prisión preventiva, con fiscales que la solicitan sistemáticamente, defensores públicos que defienden mal y jueces que tardan años en dictar sentencia; el resultado es uno: Están condenando a muchas personas pobres a la muerte social “por si las dudas”.
Ojalá en el poder legislativo lo tengan claro ahora que van a votar el dictamen a las reformas al Código de Procedimientos Penales, que llega al absurdo de proponer prisión preventiva oficiosa hasta por la utilización de pistolas de juguete.
1 OADPRS (Mayo 2020) Cuaderno Mensual de Información Estadística Penitenciaria Nacional, Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social . Disponible aquí.
Columna publicada con la autorización de @PaolaSaeb
