Colima.- En el marco del Día Internacional por la Eliminación de la Violencia Contra las Mujeres, la asociación Mujeres en Alerta manifestó su interés por reconocer las condiciones de violencia en la que se encuentran las mujeres del país.
Señalaron que se trata de un problema humano, ético y de compromiso social, que continuará sucediendo si no es atendido correctamente.
Mujeres en Alerta emitió un llamado a diferentes grupos sociales a analizar y deconstruir las ideologías y la educación cultural causante de la violencia de género.
En su posicionamiento resalta la invitación a deconstruir “la creencia de que cualquier hombre puede poseer a una mujer, cosificarla, y asumir que maltratarla o violentarla, es parte de la normalidad o de la vida cotidiana.”
La investigadora Irma Saucedo explicó que la violencia sexual, psicológica y física, aunada a la poco mencionada violencia económica, son las que construyen al violencia feminicida que detona en asesinato a mujeres.
Mujeres en Alerta retomaron datos de la Encuesta Nacional sobre la dinámica de las relaciones en los hogares (ENDIREH) para recordar que el 50% de las mujeres de Colima 15 años o más, han vivido violencia en algún momento de sus vidas. También los índices en violencia sexual, y de violencia emocional y física son altos.
Hicieron un llamado a los tres niveles de gobierno para que otorguen importancia al problema mediante políticas públicas que permita a los servidores públicos, relacionados con el tema, tener una formación especializada de acuerdo a los modelos que presenta la Organización Panamericana de la Salud (OPS) o la Organización Mundial de la Salud (OMS).
En el desarrollo del manifiesto, señalaron la importancia de que los profesionales responsables de aplicar la ley, sean capaces de interpretarla y aplicarla. Las activistas señalan que de no aplicarse la ley en forma correcta, se revictimiza a las mujeres, lo que provoca que se desperdicien recursos, tiempo, y el sistema reproduzca la violencia que pretenden erradicar.
“Esperamos que los responsables de los tres poderes del Estado: Ejecutivo, Judicial y Legislativo, consideren que es prioritario y urgente, implementar políticas públicas con perspectiva de género, involucrar y coordinar todos sus ámbitos de acción – educación, salud, justicia y asistencia social – evaluar la eficacia de sus programas y proyectos, garantizar la cobertura de atención a las mujeres con calidad, oportunidad y calidez”, concluyeron las activistas. BP
