Colima- Tras años de reclamos civiles finalmente llegó una acción legal del gobierno estatal que busca la revocación o eliminación de la Caseta de Cuyutlán en la autopista Colima – Manzanillo.
El anuncio lo dio el gobernador del estado de Colima,José Ignacio Peralta Sánchez, en rueda de prensa en Casa de Gobierno este miércoles 11 de julio.
Esta garita realiza el cobro por el uso de esta vía desde 1990 y ha tenido diversas ampliaciones al contrato de concesión que han beneficiado a la Concesionaria desde entonces, argumentando que aún no ha recuperado la inversión.
El Ejecutivo estatal afirmó que tras un importante trabajo de análisis y atendiendo al reclamo social es que él mismo encabezará esta proceso legal en contra de la Concesionaria que opera esta Caseta de cobro dentro del territorio colimense.
Peralta Sánchez informó que ayer martes 10 de julio, presentó un documento ante la Secretaria de Comunicaciones y Transportes (SCT), para la revocación o nulidad de la concesión de La Caseta de Cuyutlán.
“Es para que se lleve un proceso administrativo legal y se revoque o se decrete la nulidad la conseción de esta Caseta”.
Dicha Caseta de Cuyutlán se ubica en el municipio de Armería, en el estado de Colima.
El mandatario explicó que dicho documento se presentó con información legal que recabaron el gobierno del estado y los diputados del Congreso del Estado.
“Decidí ser parte de esta firma, la SCT tiene las facultades legales de decretar la nulidad de la concesión”.
Ignacio Peralta agregó que existen los elementos legales para que esta revocación o nulidad procedan.
Esta lucha legal seguramente no será fácil y durará cuando menos un año o más.
El diputado local, Nabor Ochoa López, explicó que el 11 de abril el Congreso del Estado aprobó la conformación de un grupo de trabajo para todo lo relacionado con la concesión y sus prorrogas de la caseta de Cuyutlán.
El legislador recordó que posteriormente el 9 de mayo el Congreso del Estado aprobó un exhorto, de manera unánime, para el Secretario de Gobierno, Arnoldo Ochoa González.
“Para que con los elementos que estábamos aportando, desde el Legislativo se iniciara el procedimiento de nulidad o revocación del título de la concesión de Cuyutlán, llevamos trabajando el Ejecutivo y el Legislativo más de tres meses”.
Ahora presentaron estos documentos en conjuntos y esperarán un plazo de 60 días para que les den una respuesta, en caso de que ésta no sea favorable, el Ejecutivo estatal y el Legislativo buscarán otras vías legales.
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