Ciudad de México.- En conferencia de prensa, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, y el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, informaron sobre el traslado de 29 generadores de violencia a Estados Unidos, como parte de la Estrategia Nacional de Seguridad y en respuesta a una solicitud directa del Departamento de Justicia estadounidense.
El fiscal Gertz Manero precisó que no se trató de una extradición, sino de un traslado, en cumplimiento de una solicitud por escrito de Estados Unidos y basado en lo establecido en el Artículo 5 de la Ley de Seguridad Nacional y el Artículo 89 de la Constitución de la República.
Subrayó que esta fue una decisión colegiada del Gabinete de Seguridad, en la que no tuvo ninguna intervención la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
Asimismo, enfatizó que Estados Unidos debe respetar la legislación mexicana, que no contempla la pena de muerte para ninguno de los trasladados, quienes son de nacionalidad mexicana.
Un operativo de gran escala
Para esta acción, el Gabinete de Seguridad desplegó:
🔹 3,512 elementos de seguridad
🔹 342 vehículos
🔹 20 aeronaves
Participaron fuerzas de la SEDENA, SEMAR, Guardia Nacional, el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y la Agencia de Investigación Criminal de la FGR.
El operativo se llevó a cabo bajo estrictos protocolos institucionales y con personal médico y jurídico para garantizar el respeto a los derechos humanos de los detenidos.
Destinos de los trasladados
Desde el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), las ocho aeronaves que realizaron el traslado llegaron a:
🔹 Washington, D.C. (7 detenidos)
🔹 White Plains, Nueva York (2 detenidos)
🔹 Chicago, Illinois (2 detenidos)
🔹 Houston, Texas (4 detenidos)
🔹 McKinney, Texas (3 detenidos)
🔹 Phoenix, Arizona (6 detenidos)
🔹 Aeropuerto JFK de Nueva York (2 detenidos)
🔹 San Antonio, Texas (3 detenidos)
Había riesgo de liberación de criminales
García Harfuch destacó que el Gobierno de México tenía información de que algunos de los trasladados podrían haber sido liberados o que sus procesos de extradición podrían haberse atrasado debido a decisiones de ciertos jueces que, en ocasiones anteriores, habrían favorecido a criminales.
«Este es un acto de autoridad sin precedentes, resultado de la política de cero impunidad y de la absoluta coordinación del Gabinete de Seguridad«, enfatizó.
Por su parte el Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, abordó diversas preguntas de la prensa en torno a la extradición de 29 individuos a Estados Unidos. A continuación, se presentan sus declaraciones más destacadas:
Sobre la posibilidad de pena de muerte para algunos extraditados:
Se le cuestionó si México había abandonado su política histórica de no extraditar a connacionales que pudieran enfrentar la pena de muerte o cadena perpetua. Gertz Manero respondió:
“Las sanciones procesales no las establece el Departamento de Estado, las establecen los jueces. Tenemos un acuerdo muy claro en el sentido de que una legislación como la mexicana, que no contempla esa sanción, debe ser respetada en los países con los que tenemos convenio. Nuestra garantía es la ley.”
Sobre el tiempo de planeación de la operación:
El Fiscal indicó que no se le otorgó una denominación específica a la operación, sino que simplemente se cumplió con la ley. Añadió:
“En el momento en que hubo un acuerdo del Consejo de Seguridad Nacional en México, inmediatamente se cumplió.”
Sobre la legalidad del traslado:
Se le preguntó si la operación violaba suspensiones legales impuestas por jueces en México. Gertz Manero explicó:
“No se pueden violar suspensiones sobre un procedimiento que es ajeno a esas suspensiones. La Ley de Seguridad Nacional, vigente desde hace 20 años, establece claramente los parámetros en los que se pueden tomar estas decisiones.”
Sobre la posibilidad de que jueces liberaran a los extraditados:
“Once años, ocho años sin poder salir adelante en procedimientos que tenían un plazo de 45 días, son pruebas más que suficientes.”
Sobre la figura legal bajo la que fueron enviados a EE.UU.:
Gertz Manero aclaró que no fue una extradición formal, sino un traslado basado en la Ley de Seguridad Nacional y la Convención de Palermo:
“El artículo quinto de la Ley de Seguridad Nacional y el artículo 89 de la Constitución General de la República son las bases jurídicas.”
Sobre la relación con EE.UU. tras la operación:
El Fiscal afirmó que la colaboración con EE.UU. se enmarca dentro de los compromisos legales de México y que la reunión con el senador Marco Rubio permitió aclarar los procedimientos mexicanos. Subrayó que:
“México ha cumplido ampliamente con sus obligaciones en esta materia y no tiene por qué ser sancionado de ninguna manera.”
Sobre futuras extradiciones:
Gertz Manero indicó que no habrá más traslados hasta que haya nuevas solicitudes debidamente fundamentadas por EE.UU.
Sobre la posibilidad de represalias del crimen organizado:
El Fiscal no quiso especular, pero confió en la fortaleza de las fuerzas armadas y la seguridad del país.
Sobre la posible intervención de la presidenta Claudia Sheinbaum en la decisión:
Negó que la mandataria haya tomado la decisión directamente y explicó que fue un acuerdo del Gabinete de Seguridad, compuesto por la Secretaría de Seguridad, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina y la Fiscalía General de la República.
Finalmente, se enfatizó que la entrega de estos criminales a EE.UU. beneficia principalmente a México, ya que se trata de individuos que generaban violencia y corrupción en el país.
Derechos Reservados AF
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