COLIMA.- Roberto Rubio Torres, consejero Jurídico del Poder Ejecutivo del Estado de Colima, señaló que no se ha descartado interponer demanda penal o ante las instancias que correspondan en contra del anterior gobernador, José Ignacio Peralta Sánchez o cualquier funcionario de esa administración, por irregularidades que se detecten y puedan sustentar, destacando que han sido cuidadosos para tener los elementos necesarios y no queden impunes.
«Con relación al tema de que si se descarta alguna denuncia en contra del exgobernador, de manera puntual puedo compartir que no se descarta una denuncia en contra de él o de cualquier otro servidor o servidora pública de la anterior administración. Se ha estado revisando a detalle los procedimientos y trámites administrativos y en la medida que se detecte una irregularidad y se establezca que intervino determinada persona, hay una instrucción puntual de que se lleven a cabo las acciones que correspondan respecto a esos temas, entonces no está descartada ninguna persona».
Refirió que el 10 de diciembre el gobierno del estado presentó diversas demandas de nulidad de un convenio de basificación a favor de 227 trabajadores, argumentando irregularidades en este proceso, lo que derivó también en la presentación de una denuncia ante la Contraloría del Estado y ante la Fiscalía Especializada Anticorrupción (FEA).
El funcionario estableció que se ha analizado caso por caso de estos trabajadores, estableciendo los cargos, funciones y actividades antes de que se generara la basificación, dando a conocer que a la fecha alrededor de 80 personas han sido reinstaladas en los cargos de contrato o confianza que tenían, también se dijo que en el Tribunal de Arbitraje y Escalafón (TAE) hay 8 expedientes emplazados al momento que siguen su curso, en espera de que se les notifique de más.
Comentó que a la fecha no se ha erogado por parte del Gobierno del Estado ningún recurso adicional al pago proporcional de lo que les correspondía como finiquito en términos de ley de estos trabajadores despedidos, quedando a la espera de lo que establezca el TAE.
«De los que fueron dados de baja, la mayoría ha estado presentando sus demandas de reinstalación, será el propio Tribunal de Arbitraje y Escalafón el que establecerá si la administración estatal actuó conforme a la legalidad o si ellos tienen la razón».
«Se han hecho gestiones con el propio tribunal para que agilice los procedimientos, en su momento por una estrategia se esperó a que fueran vencidos los plazos para que ellos pudieran presentar su demanda a fin de conocer qué acciones son las que ellos están entablando y que nosotros también pudiéramos después solicitar la acumulación de esas demandas a las que nosotros presentamos, toda vez que dependerá de que se determine la nulidad de dicho convenio que es el que en términos generales ellos argumentan que tienen un sustento para esa basificación que consideramos irregular».
Refirió que la denuncia que está ante la FEA por este mismo caso, lleva algunos avances que se darán a conocer en su oportunidad.
Respecto a las irregularidades, sin especificar cuáles, en el Instituto de Suelo, Urbanización y Vivienda (Insuvi), dio a conocer que también se presentaron denuncias ante la Fiscalía Especializada Anticorrupción, Rubio Torres señaló que se ha dado seguimiento y recabando elementos de prueba para incorporarlos a las carpetas de investigación.
Comentó que se continúan analizando irregularidades, citando el crédito que aprobó el Congreso del Estado, por 740 millones de pesos que se dijo eran en su mayoría para el C5i, salud y remodelación de Palacio de Gobierno, estableciendo que se han advertido irregularidades en montos ejercidos, lo que se dará a conocer en próximas fechas ya que se tiene previsto presentar la denuncia correspondiente.
«Hemos privilegiado tratar de recabar la mayor información posible, no presentar denuncias nada más por presentarlas sino que realmente lleven un sustento, que estemos corroborando la situación que estamos manejando y que no vayan a quedar impunes las actuaciones que en su momento llevaron a cabo determinadas personas».
El Consejero Jurídico estableció que también se atienden algunas demandas que se han presentado por acciones del anterior gobierno, para determinar si hubo alguna negligencia que haya provocado falta de pago o incumplimientos, lo que pueda también derivar en la presentación de alguna denuncia en contra de exfuncionarios ante Contraloría del estado o ante la FEA a la que le han solicitado salir a informar en la medida de lo posible los avances que se tienen en los casos que llevan.
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