La semana anterior empezaron en la escuela de la comunidad de La Injertada obras para instalar nueve aulas que tienen capacidad para albergar a 25 alumnos cada una. El gobierno estatal anunció que a la fecha se lleva un avance de 80% en la infraestructura.
En entrevista, el funcionario sostuvo que el gobierno del estado “confía en encontrar una pronta salida al conflicto”, que ha afectado a cientos de niños y jóvenes de la Nueva Jerusalén y que ha detenido por tercera semana el inicio del ciclo escolar.
Reyna García consideró que por el momento esta es la única solución viable que puede ofrecer el gobierno estatal “para no agravar más la situación” y ubicó como “la única alternativa que podemos dar por ahora para quienes demandan una educación laica”.
El responsable de la política interna no dudó en llamar a los padres de familia “mentirosos”, cuando éstos señalan que existe riesgo para que los niños acudan a La Injertada y crucen un riachuelo que separa a los poblados.
“No existe un río, es un arroyuelo, un espejo de agua, como de dos metros de ancho, pero de cualquier manera nosotros esperamos que se esté haciendo un puente peatonal; y si no, en cuestión de ocho días estará listo”, dijo.
Comentó que una vez que las aulas estén terminadas “será responsabilidad de los padres de familia enviar o no a sus hijos a la escuela”, y consideró que con está acción el gobierno estatal estaría cumpliendo su responsabilidad.
Explicó que la propuesta de reubicar a los disidentes “con todo y sus hogares”, como dijo el gobernador Fausto Vallejo el martes, fue una propuesta hecha por el mismo grupo de disidentes hace varios meses, cuando, incluso, dijo, “aún ni siquiera se había derribado la escuela Vicente Guerrero”.
El gobernador michoacano expuso que la propuesta de reubicar a 70 familias se dio para “preferenciar la preservación de la vida” y dijo que el problema no es de laicos contra religiosos, sino “una lucha por el poder entre esas fracciones”.
Indicó que el conflicto se ha politizado, “porque ha participado gente de otras expresiones políticas que han tratado de llevar agua a su molino”.
Por otro lado, el presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH), José María Cázares, advirtió que sí el gobierno del estado saca la escuela de la Nueva Jerusalén violaría una de las siete medidas cautelares que dictó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en agosto, sobre este caso.
Explicó que la CNDH ha dicho que “es incorrecto que los niños salgan de la comunidad a tomar clases y la CEDH se suma a esta postura, porque no tienen que salir de sus lugares de origen”.
Hizo un llamado al gobierno estatal para que garantice la impartición de la educación laica dentro de la comunidad. “Todos tenemos la libre decisión de establecernos donde queramos y podamos ir libremente a donde nos plazca”.
Con información del Universal
