Ciudad de México.- La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Organización de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), emitieron posicionamientos separados respecto a la discusión de la propuesta de Ley de Seguridad del Interior en México al considerar que vulnera los derechos humanos de las personas.
Las tres instituciones coincidieron en manifestar la necesidad de delimitar las actividades que desarrollan las Fuerzas Armadas y la Policía en materia de seguridad, además de recordar al gobierno las distintas violaciones a derechos humanos que se le adjudican a estas fuerzas desde su salida a las calles para combatir al narcotráfico.
CNDH
La CNDH considera que el planteamiento de ley puede mantiene un riesgo potencial de aplicarse discrecionalmente a cualquier tipo de actividad humana, siempre y cuando sea considerada como ‘de riesgo’ para la Seguridad Interior, sin que existan parámetros objetivos para su clasificación.
“La aprobación de la propuesta de ley en los términos en que se presenta, genera la posibilidad de que se vulneren derechos y libertades básicas reconocidas en favor de las y los mexicanos”.
A su vez, considera que afecta el diseño y equilibrio entre las instituciones, órganos del Estado y poderes, al otorgar facultades extraordinarias al Ejecutivo Federal para ordenar la movilización de las Fuerzas Armadas.
La CNDH señala que existen algunas impresiciones conceptuales que por su ambigüedad podrían afectar la interpretación de la Ley, tal es el caso de Seguridad Nacional con Seguridad Interior.
“Una definición sumamente amplia y ambigua de Seguridad Interior que permitiría configurar, prácticamente, cualquier conducta como un riesgo a la misma, para lo cual no habría criterios objetivos sino una facultad discrecional genérica.”
Mantener los términos en los que está planteada esta Ley, haría que ésta priorizara el uso de la fuerza para recuperar la convivencia social de la sociedad, en lugar de emprender acciones coordinadas y efectivas entre las instituciones, consideró la CNDH.
Hizo un llamado a los legisladores para que realicen un análisis objetivo y detallado de la propuesta de Ley, con plena conciencia y responsabilidad de las repercusiones que tendrá su decisión.
CIDH
Por su parte, la CIDH coincidió en identificar algunos preceptos contrarios a estándares en materia de derechos humanos en la propuesta de ley, además de considerar fundamental hacer una separación clara y precisa de las funciones que desempeñan la policía y las fuerzas armadas.
En su visita de 2015, la Comisión pudo constatar la presencia de las fuerzas armadas en actividades de seguridad ciudadana y violaciones a los derechos humanos como consecuencia: ejecuciones extrajudiciales, tortura, desaparición forzada y mayores niveles de impunidad.
“La impunidad que prevalece respecto de los agentes de las Fuerzas Armadas involucrados en casos de violaciones a los derechos humanos, agudiza la preocupación de la Comisión.”
De ahí que la comisión insista en establecer tareas específicas para la Policía y las Fuerzas Armadas, ya que son instituciones creadas con diferentes fines, la primera con responsabilidades de seguridad ciudadana y las segundas con tareas limitadas a la defensa de la soberanía nacional.
“Por ello el Estado debe evitar la militarización de la seguridad pública, adoptar las medidas necesarias para fortalecer la policía, y garantizar un sistema de justicia autónomo e independiente.”
La Comisión reiteró la recomendación hecha a México en su informe sobre derechos humanos en el país, donde destaca la necesidad de crear un plan concreto para el retiro gradual de las Fuerzas Armadas de las tareas de seguridad pública y fortalecer las capacidades de la policía en esta materia.
ONU-DH
Zeid Ra’ad Al Hussein, alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), pidió al senado que no apruebe el proyecto de ley de Seguridad del Interior, pues consideró que el uso de las Fuerzas Armadas no son la respuesta adecuada para hacer frente a las necesidades de seguridad en México.
“Más de una década después de que las fuerzas armadas fueran desplegadas en la llamada guerra contra las drogas, la violencia no ha disminuido y tanto agentes estatales como no estatales siguen perpetrando abusos y violaciones de derechos humanos, incluidas torturas, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas”.
La aprobación de un nuevo marco legal podría debilitar los alicientes que tienen las autoridades de seguridad pública para asumir sus funciones.
A su vez la ONU-DH consideró que, en los términos que está escrita la ley, existen elementos para considerar que las fuerzas armadas estarían por encima de las autoridades civiles.
El alto comisionado recordó las recomendaciones hechas al gobierno mexicano durante su visita, donde señala la urgencia de promover una estrategia que fomente la seguridad ciudadana y vele por las políticas de seguridad en apego a las normas internacionales de derechos humanos, además de investigar las violaciones y vulneraciones cometidas.
“La ambigüedad del proyecto de ley es muy inquietante y se corre el riesgo de que sus normas puedan aplicarse de forma amplia y arbitraria.”
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