Ciudad de México.- La mañana de este jueves 15 de marzo la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos (ONU-DH) reveló que se han encontrado indicios de tortura durante la investigación del caso Ayotzinapa en México.
Los indicios se encuentran plasmados en el reporte “Doble injusticia – Informe sobre violaciones de derechos humanos en la investigación del caso Ayotzinapa” que se presentó esta mañana.
“Fuertes elementos de convicción para concluir que durante la investigación sobre la desaparición de cuarenta y tres estudiantes en 2014 se cometieron graves violaciones de derechos fundamentales», puntualizó Jan Jarab, representante de la ONU-DH en México.
En el documento se explican que una parte de las personas detenidas en la fase inicial de las investigaciones sobre la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, en septiembre del 2014, fue arrestada arbitrariamente y torturada.
“Estas graves violaciones fueron objeto de investigaciones inadecuadas e incluso de encubrimiento”.
Después de un análisis de expedientes judiciales, pruebas médicas y entrevistas con autoridades, detenidos y testigos, se determinó que al menos 34 sufrieron tortura.
El documento estudia los casos de 63 de los 129 imputados en la desaparición de los estudiantes.
Responde PGR
La Procuraduría General de la República reiteró su compromiso por esclarecer el caso de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, después del informe emitido por la Organización de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos donde reveló indicios de tortura en la investigación del caso.
La PGR publicó siete puntos específicos en respuesta al informe de la ONU, donde destaca su preocupación porque el informe arroje conclusiones de hechos que continúan en investigación o se encuentran bajo análisis del Poder Judicial.
A su vez recordó que en las últimas semanas, la investigación les ha llevado a identificar a probables responsables y móviles, además de destacar que se han respetado los estándares internacionales en materia de Derechos Humanos.
Insistió en que continuarán la investigación hasta que se esclarezca el caso y se agoten las líneas de investigación.
Doble injusticia
Jan Jarab destacó que el caso representa una doble injusticia para el país: hacia los procesados que sufrieron tortura y al derecho a la verdad.
“El derecho a la verdad no solo de las familias, no solo de los sobrevivientes de la tragedia de Ayotzinapa, sino el derecho a la verdad de toda la sociedad mexicana”.
Nulidad de las pruebas bajo tortura
El estudio indica que las violaciones a derechos humanos comenzaron a partir del 5 de octubre cuando la Procuraduría General de la República (PGR) se hizo cargo de la investigación que comenzó la Fiscalía del Estado de Guerrero.
Las detenciones fueron realizadas por personal de esa PGR, la Policía Federal y la Secretaría de Marina.
El informe determinó nulas las pruebas que el estado mexicano haya obtenido bajo tortura, siendo congruentes con la nueva Ley General sobre Tortura vigente en el país y con las normas del derecho internacional.
La ONU urge a la PGR a localizar a los responsables de las detenciones arbitrarias, las torturas o cualquier otra violación a los derechos humanos.
Zeid Ra’ad Al Hussein, alto comisionado de la ONU-DH, instó a las autoridades mexicanas a garantizar la verdad y justicia en el caso Ayotzinapa, además de pedir que se lleve ante los tribunales a los responsables de las torturas y otras violaciones de derechos humanos perpetradas durante la investigación.
Recomendaciones al Estado mexicano
La ONU pide al Presidente de la República que instale un Consejo Asesor de lucha contra la impunidad que proponga estrategias y reformas que impulsen las capacidades de investigación en torno a la reforma de la procuración de justicia.
También insta al poder legislativo a instaurar una reforma constitucional y una ley orgánica que garantice de modo efectivo la autonomía de la Fiscalía General de la República y que comprenda mecanismos de control interno y procesos de rendición de cuentas.
Asimismo, solicita a ambos poderes a poner en funcionamiento el Programa Nacional para Prevenir y Sancionar la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, con el objetivo de erradicar la tortura como método de investigación.
Foto: ONU
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