México.- Los esfuerzos hechos por el Estado mexicano en materia de personas desaparecidas son insuficientes: las madres buscan a sus hijos cada día y esperan de las autoridades respuestas que no llegan.
Una manera de contribuir a la solución de esta crisis es recolectar y poner a disposición de los gobiernos los conocimientos y las herramientas para que sea efectivo el cumplimiento de sus obligaciones.
En México están registradas 108 mil personas desaparecidas y 14 por ciento de ellas son de Jalisco.
En el marco de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL), el pasado 30 de noviembre fue presentada la tercera edición de La desaparición forzada en México: una mirada desde los organismos del Sistema de Naciones Unidas, coeditado por la ONU-DH y la Agencia de la GIZ en este país. Hace 10 años se publicó por primera vez.
Para hablar del libro estuvieron presentes Martha Leticia García Cruz, representante del colectivo Entre Cielo y Tierra; Anna Karolina Chimiak, codirectora del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (Cepad); Guillermo Fernández-Maldonado, representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos; Olivier Dubois, representante del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), y Alejandra Nuño, directora del Centro Universitario por la Dignidad y la Justicia Francisco Suárez, SJ, del ITESO, quien fue encargada de moderar.
En términos generales, el “libro verde”, como se le conoce por el color de su portada, recupera los informes, las observaciones finales, la jurisprudencia y las recomendaciones que en materia de desaparición de personas se han producido en todos estos mecanismos. Son recomendaciones hechas específicamente para la situación que atraviesa México en la actualidad.
De acuerdo con Fernández-Maldonado, si se lee el texto se verá que hay un reconocimiento a México desde el ámbito internacional, ya que en años recientes el país ha alcanzado importantes avances normativos, institucionales, incluso sentando jurisprudencia: “Esto es en gran medida gracias a las propias familias, que son una base fundamental para enfrentar los retos y la brecha entre lo que dice la norma, lo que dice la recomendación y lo que dice la jurisprudencia, pero si no se aplica no se va a transformar nada”.
“Es un urgente recordatorio de que los esfuerzos desplegados hasta hoy son insuficientes, y esto debe darse en todos los niveles y en todos los poderes del Estado mexicano. Sólo así se va a tener la capacidad de convertir las obligaciones en realidad”.
Nuño señaló que las autoridades tienen el deber no sólo de conocer sino también de cumplir las decisiones internacionales: “Sobre todo, adoptar urgentemente una política de prevención de las desapariciones. Que vayan a la par acompañando y atendiendo esto. La sociedad civil es fundamental para la incidencia, para el cumplimiento, para el acompañamiento de lo que emiten los órganos internacionales”.
“Vemos que un Estado que discute, en la agenda nacional, algunas de las decisiones no pone la mejor atención en el cumplimiento adecuado y el apego oportuno a esas decisiones internacionales”, insistió la académica del ITESO.
Entre el público que llenó el Salón G de la Expo Guadalajara había madres y familiares de personas desaparecidas. Pero al frente, en la mesa de los presentadores, estaba Martha Leticia García. La llaman Marlety. Es la mamá de Ulises Quintero, un joven universitario del que nada se sabe desde el 4 de agosto de 2017, cuando salió de su casa.
Marlety agradeció el trabajo realizado por los organismos internacionales y lamentó la ausencia del secretario de Gobierno del estado de Jalisco, Enrique Ibarra Pedroza (quien canceló su participación), así como “la flagelación que estamos sufriendo varias familias por esta situación de desaparición”.
“Ante la necesidad de agruparnos en esta pérdida de seres queridos hemos conformado colectivos. Las madres nos unimos para darnos cobijo, asesoría y acompañamiento, en lo que emprendemos una búsqueda sin fin. Es una exigencia, pedimos verdad y justicia al gobierno y no se nos ha dado, nos queda mucho a deber el Estado”, dijo.
También cuestionó: “Quiero preguntar a los integrantes de la ONU: después de esta visita a Jalisco, cuando se llevaron nuestras vivencias, toda la información de lo que estamos pasando, que emitieron varias recomendaciones muy valiosas y precisas, ¿qué sigue después de estas recomendaciones, cuando el Estado mexicano no las acata o las acata a medias? ¿Qué es lo que sigue, qué podemos esperar las familias?”.
Para el representante de la ONU, La desaparición forzada en México: una mirada desde los organismos del Sistema de Naciones Unidas constituye una expresión de solidaridad con las víctimas para promover la materialización de sus derechos inalienables y generar condiciones para la no repetición: “Estamos hablando de un crimen que destrozó sus vidas, y de que ellas tan generosamente luchan para que otras personas no experimenten lo mismo”.
“La desaparición forzada es una gravísima violación a los derechos humanos que ha generado una creciente preocupación. Progresivamente, y en muy buena medida con el impulso y la incidencia de las familias de las personas desaparecidas, esta preocupación se ha traducido en acciones concretas como la opción de tratados, instrumentos específicos sobre el tema, informes, recomendaciones, dictámenes, acciones urgentes, medidas cautelares de protección por parte de los procedimientos especiales del consejo de Naciones Unidas y por parte del comité de tratados y mecanismos”, expresó el representante de la ONU.
