Chihuahua.- A través de la Operación Justicia para Chihuahua se han recuperado en cuentas del Gobierno del Estado 428.67 millones de pesos por la vía fiscal, así como 34 millones de pesos por la vía penal y se han asegurado propiedades y bienes por más de 500 millones de pesos.
Lo anterior fue informado por el gobernador Javier Corral y el Fiscal General del Estado, César Augusto Peniche Espejel, durante el programa Chihuahua Seguro.
Corral Jurado indicó que mediante los procedimientos administrativos de ejecución, se han realizado importantes e históricos embargos fiscales en contra de las y los beneficiarios reales de los esquemas de evasión fiscal, los cuales incluyen bienes inmuebles, cuentas bancarias, vehículos, derechos de marcas comerciales, acciones y participaciones en empresas, maquinaria y equipamiento.
Como ejemplo, citó que en solo 16 asuntos penales integrados por diversos delitos fiscales como son: defraudación fiscal, ocultamiento de contabilidad, desocupación de domicilio fiscal, datos falsos al Registro Federal de Contribuyentes y operaciones con recursos de procedencia ilícita, la evasión de impuestos ascendió a mil 049 millones 796 mil 997 pesos.
“Tenemos sentencias penales confirmadas, firmes, que nos han permitido, como parte de la garantía para la reparación del daño, efectuar procedimientos de aseguramiento y posterior embargo de diversas propiedades, bienes inmuebles de los distintos sujetos”, dijo El mandatario estatal.
Expresó que parte de este proceso y estrategia jurídica busca llevar ante la justicia a las personas responsables del latrocinio perpetrado en perjuicio de los chihuahuenses.
Indicó que se trata de otro gran beneficio que el grupo especializado de fiscales anticorrupción y el equipo de la Subsecretaría de Ingresos le han dado a Chihuahua.
Entre los aseguramientos, resaltó de manera particular los del ex gobernador del estado, que incluyen varios ranchos de su propiedad, entre otros, dijo, el que llama mucho la atención en el país, porque la gente no estaba enterada de la magnitud de lo que aquí había acontecido, es el que tiene una extensión de 29 mil hectáreas, lo que equivale a todo el fundo de la ciudad de Chihuahua y un poquito más, puntualizó.
“Uno de los principales objetivos no solamente es llevar a las personas ante los tribunales para que paguen por sus delitos, lo más importante en el combate a la corrupción es recuperar el dinero robado para regresárselo a la gente en bienes y servicios”, reiteró Javier Corral.
Agregó que se habla de dinero contante y sonante que ya ingresó a las arcas del erario, que se destina ahora a obras y programas sociales, “incluso las obras que estamos construyendo, o los camiones que estamos regalando a las y los niños, para su traslado de la casa a la escuela, llevan la leyenda: obra construida con dinero recuperado por la Operación Justicia para Chihuahua; o unidad adquirida con dinero recuperado e la Operación Justicia para Chihuahua”.
Señaló que el convenio recién firmado con la Procuraduría Fiscal y la Secretaría de Hacienda federal, permitirá incrementar el combate al delito de corrupción en Chihuahua.
La entidad es la que más empresas fantasmas ha reportado a la federación, un total de 209, de las cuales ya se han confirmado como tales 120 que han sido publicadas en el Diario Oficial de la Federación, y esto, además, le ha generado también una aportación y una colaboración muy importante con la Procuraduría Fiscal Federal, para fortalecer todo su esquema de combate a la elusión y la evasión fiscal.
En este contexto, explicó que se descubrió que 144 empresas facturaron ilegalmente de manera directa al Gobierno del Estado en la adquisición de medicamentos, asesorías y venta de bienes y servicios.
Otro dato de interés, es que Chihuahua es el primer estado que obtuvo el apoyo del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, para establecer la ruta del dinero desviado.
Mediante la Operación Justicia para Chihuahua se han detectado 27 esquemas de evasión fiscal y desvío de recursos públicos a través de operaciones simuladas o inexistentes, en operaciones realizadas del 2013 al 2016 en las que intervinieron más de 365 personas físicas y morales, en una trama de corrupción, tejida por la anterior administración estatal.
Otras 246 empresas lo hicieron como proveedores de segundo nivel, es decir, proveedores de proveedores del Gobierno.
“Quienes se roben el dinero que corresponde a la nación, sean servidores públicos o particulares, deben ser sancionados y perseguidos”.
Como cada jueves, el Gobernador del Estado y quienes integran el Grupo de Coordinación para la Construcción de la Paz, participaron en Chihuahua Seguro, un espacio informativo único en el país y en América Latina, que aborda de frente y en total transparencia, las acciones de los órganos policiales y militares que operan en el Estado de Chihuahua.
