Sin embargo, la funcionaria defendió la reforma. Dijo que no vulnera la Constitución ni tratados internacionales y aseguró que México no puede esperar más estos cambios. Confió en que los legisladores sabrán valorar la propuesta del gobierno.
La secretaria recibió críticas por las cifras macroeconómicas. Adolfo Orive (PT) dijo que “vive en Foxilandia”, pues la mayoría de los mexicanos “la pasaron muy mal”.
Silvano Blanco, del Partido de la Revolución Democrática (PRD) criticó que el presidente Calderón quiere clavar “una estocada” a los trabajadores del país con la iniciativa, la cual trae dedicatoria: se trastoca la estabilidad laboral y se favorece al patrón en materia sindical.
Vélez respondió que la reforma enviada por el presidente Calderón no está hecha “a modo de nadie”, es equilibrada y no tiene sesgos, y busca el beneficio de los trabajadores.
Destacó regular la subcontratación, y ejemplificó que es como el colesterol: “hay colesterol bueno y hay colesterol malo”, es decir, empresas que cumplen perfectamente con sus obligaciones, dando seguridad social, y las que “han abusado” de esta figura.
Martí Batres (PRD) le respondió que en la reforma “no hay colesterol bueno, hay puro colesterol malo inyectado directamente a las arterias de los trabajadores”.
Luisa María Alcalde, de Movimiento Ciudadano (MC), cuestionó la regulación del “outsourcing” y dijo que lo correcto sería que el Ejecutivo hubiera tomado en cuenta la experiencia internacional, en donde se ponen límites a la subcontratación. “De lo contrario provocaríamos la precarización generalizada del empleo, la subcontratación se volverá el régimen común y los salarios irán cada vez más a la baja”, afirmó.
Esther Quintana, del Partido Acción Nacional (PAN), salió en defensa y aseguró que el presidente Calderón de ninguna manera “se sacó de la manga o de la chistera de un mago” la reforma y recordó que hay alrededor de 497 iniciativas que la preceden, y 10 años de foros.
El priísta Patricio Flores, líder del Sindicato Industrial de Trabajadores y Artistas de Televisión y Radio (Sitatyr), dijo tener duda si, dada la experiencia legislativa que tiene el Ejecutivo, “verdaderamente consideró que 30 días eran suficientes” para sacar adelante la ley con responsabilidad, y si una iniciativa mal manejada podría heredar un conflicto social al próximo gobierno.
Rosalinda Vélez defendió el uso del presidente Calderón de la iniciativa preferente, porque fue aprobada por el Congreso el 10 de agosto, y recordó que durante años se han realizado innumerables foros sobre el tema.
Con información del Universal
