La Procuraduría General de la República (PGR) deberá entregar información sobre el número de testigos colaboradores y protegidos, y casos en los que participan, de acuerdo con una resolución del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI).
El organismo consideró también que la PGR deberá dar a conocer el monto erogado para su manutención y el presupuesto asignado a este programa entre el 6 de enero de 2010 y el mismo día de este año. La deteminación se finca en una solicitud realizada por una ciudadana.
Por conducto de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), la PGR reservó esta información por un periodo de 12 años, argumentando que se trataba de datos “sensibles”.
La dependencia precisó que dicha información tiene relación directa con hechos que se investigan en la actualidad, por lo que proporcionarlos pondría en riesgo el curso de las indagatorias y la integridad física de los informadores y de sus familias.
Inconforme con la respuesta, la solicitante, quien pidió los datos que hubiera del 6 de enero de 2010 al 6 de enero de 2011, interpuso un recurso de revisión ante el IFAI.
En el recurso, la interesada señaló que sólo solicitó números totales y no la identidad de los testigos colaboradores.
Argumentos del organismo
En el análisis del caso, la comisionada ponente María Elena Pérez-Jaén indicó que la información solicitada es de carácter estadístico y presupuestal, es decir, que no se revelarán nombres de los involucrados en las investigaciones.
Por tanto, aseguró la funcionaria, estos datos no pueden ser utilizados en menoscabo de las actividades emprendidas contra la delincuencia organizada ni generar afectaciones a la eficacia de las acciones y estrategias establecidas para su combate.
Asimismo, añadió que difudir dicha información no compromete las actividades para perseguir los delitos, pues de ninguna manera impide u obstruye las atribuciones que ejerce el Ministerio Público de la Federación durante las averiguaciones previas.
La PGR respondió que los testigos protegidos no tienen prestaciones ni reciben sueldo por su colaboración, e indicó que no existe un tiempo límite de duración del acuerdo establecido entre la dependencia y los informantes.
El michoacanazo
Un testigo protegido identificado como Emilio permitió a la PGR detener (en agosto de 2008) a una treintena de funcionarios y ex funcionarios de Michoacán, acusados de tener vínculos con el narcotráfico.
Entre los implicados había presidentes municipales y personajes cercanos al gobernador Leonel Godoy Rangel, quien rechazó siempre la operación.
Ese episodio fue conocido como michoacanazo. Sin embargo, tras más de dos años de litigio todos quedaron en libertad, salvo Julio César Godoy Toscano, medio hermano del mandatario estatal.
En diciembre de 2009, Édgar Enrique Bayardo del Villar, testigo protegido de la PGR, fue asesinado en un Starbuck de la colonia Del Valle, en el Distrito Federal.
La víctima fue un alto mando de la Policía Federal que confesó haber colaborado para el cártel de Sinaloa, por lo que la PGR aceptó integrarlo a su programa de testigos protegidos.
Ríos Píter, por invertir reservas en seguridad
•El líder de la bancada perredista en la Cámara de Diputados, Armando Ríos Píter, instó al Ejecutivo a destinar parte de los 123 mil millones de dólares de las reservas federales a políticas públicas para fortalecer la estructura social, como una estrategia paralela a la lucha contra el crimen organizado.
Remarcó la necesidad de mantener un equilibrio entre la economía nacional y las políticas sociales para acompañar el tema de la seguridad pública.
“Es buen momento para que el gobierno federal destine parte de los 123 mil millones de dólares que tiene como reservas a políticas públicas que acompañen la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado”, puntualizó.
Dijo que ese nivel de reservas es histórica y puede ayudar a atender el escenario actual en que la gente sólo encuentra empleo en la migración y el crimen organizado. Subrayó que si bien es sano disponer de una buena cantidad de reservas, también resulta urgente destinarlas programas sociales.
Con información de Milenio.
