Colima.- José Ignacio Peralta Sánchez, Gobernador de Colima, informó que el Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental de Colima (Osafig) ya interpuso una demanda penal por el presunto uso de recursos para fines diferentes a los que estaban destinados en donde se señala como responsables al ex gobernador Mario Anguiano y otros miembros de su entonces gabinete.
Sin embargo, señaló que su administración esperará hasta que concluya la investigación judicial que derive de esta demanda penal, para aplicar las sanciones pertinentes.
“Hay una investigación qué hacer, yo no puedo en este momento generar una conclusión ni anticipar absolutamente nada, sería o especulativo o bien se pudiera prestar a una interpretación de carácter no objetivo, lo que les pido es que esperemos que concluya la investigación judicial y se proceda en conclusión a las investigaciones que se lleven”.
Y es que el Osafig solicitó al Congreso del Estado inhabilitar al exgobernador Mario Anguiano Moreno, a su entonces secretario general de Gobierno, Rafael Gutiérrez Villalobos, y a la entonces secretaria de Administración y Finanzas, Blanca Isabel Ávalos, por 14, 6 y 10 años, respectivamente, así como interponerles una sanción económica por 707 millones 66 mil 97 pesos por, presuntamente, haber usado recursos para fines distintos a los que estaban destinados.
La petición del órgano auditor también solicita destituir e inhabilitar por 10 años a Adriana Elizabeth Vargas Valle, entonces y actual directora general de Egresos, inhabilitar por el mismo lapso a Jorge Anguiano Olmos, exdirector de Presupuesto, y a Ricardo Miguel Arteaga González, excordinador de la Dirección General de Egresos, inhabilitarlo por 6 años, así como sanciones económicas para los tres.
Lo anterior, como resultado de la auditoría al crédito por 638 millones de pesos que Anguiano Moreno solicitó poco antes de que su administración concluyera.
Cuestionado sobre si la aún directora general de Egresos, Adriana Elizabeth Vargas Valle, continuaría en su cargo, dijo que esperará a los resultados de la investigación judicial.
“Se hará una recomendación, es una persona que es sindicalizada y tendremos que ver también cuáles son sus derechos laborales, cualquier decisión que se tome al respecto se tendrá que estar anunciando a la brevedad (…) Lo que se tiene que hacer es proceder con todo el peso de la ley, pero en función de la conclusión que la propia investigación judicial señale”.
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