Colima.- El diputado Rigoberto Salazar Velasco, presidente de la Comisión de Hacienda del Congreso del Estado, presentó un diagnóstico del sistema estatal de pensiones, informando que al finalizar 2009, los egresos por este pago serán de 200 millones de pesos.
Antes de someter a la consideración del Pleno los 11 dictámenes de pensión y jubilación aprobados en la sesión de este jueves, el diputado priista dijo que las erogaciones por pensiones y jubilaciones representan 1.54 veces la captación de impuestos estatales; 1.56 veces la recaudación de todos los derechos estatales; el 68.75 por ciento de los ingresos propios; es el doble de lo que recauda el estado en impuesto sobre la tenencia vehicular y es 3.5 veces el monto destinado a obra pública directa.
“Como ustedes observan, la situación financiera derivada del pago de pensiones presentes y futuras es delicada y la situación se irá agravando si no se toman medidas correspondientes”, dijo el presidente de la Comisión de Hacienda y Presupuesto.
Informó que en el seno de la Comisión que él preside ya fue abordada esa problemática, tomándose acuerdos con funcionarios de la administración estatal para entrar al análisis y posibles soluciones, como establecer un grupo de trabajo para actualizar la ley de pensiones y elaborar su reglamento; contar con un tabulador para el otorgamiento de pensiones y jubilaciones; salvaguardar los derechos de los trabajadores, y concluir el estudio técnico y jurídico que sobre el tema realizan las secretarías General de Gobierno, la de Administración y la de Finanzas.
Dijo que también se acordó actualizar un estudio de viabilidad financiera para el sistema de pensiones en Colima, que permita disminuir las erogaciones con recursos presupuestales, y solicitar la incorporación al Fondo Nacional para la Reforma de Pensiones, consistente en recursos de la Federación a los estados que procuran el saneamiento financiero en las pensiones y jubilaciones.
Salazar Velasco consideró que los pensionados y jubilados requieren de una política pública que garantice cubrir sus necesidades socioeconómicas, para que vivan su vejez con decoro y dignidad, pero sin poner en riesgo las finanzas públicas del Estado.
En ese tenor, el legislador admitió la necesidad de reformar el sistema de pensiones, actualizar su marco jurídico y darle viabilidad financiera.
