Luego de que el gobernador del estado Mario Anguiano Moreno, haya destituido al titular de la Policía Estatal Preventiva (PEP) Héctor Bautista Vázquez, el Partido Acción Nacional, en voz de su dirigente, aseguró que estas acciones no deben quedar ahí sino que continuar con la destitución del procurador Arturo Díaz Rivera.
“El cambio de director no nada más ahí debe quedar, ahorita el gobernador debe de dar el segundo paso que es la destitución del procurador”, asentó.
González Saldaña, pese a la petición de destitución, avaló el nuevo nombramiento del director de la PEP, Raúl Pinedo Dávila, pues aseguró trae buenas credenciales.
“Acredita su capacidad en la materia que se requiere”, expuso.
Sin embargo y en este mismo sentido, dijo que aunado a esto es necesario que se haga un cambio de estrategia en materia de seguridad.
“Se debe de establecer que no solo se realizó un cambio de persona, sino que en todo caso también se haga en la estrategia que se está siguiendo”, expuso.
Por su parte el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), Roberto Chapula de la Mora hay que esperar cómo evoluciona la Procuraduría General de Justicia del Estado, ya que el gobernador Mario Anguiano tiene la facultad de valorar la actuación de dicha dependencia.
Chapula de la Mora expresó que el mandatario estatal tiene conocimiento real de la percepción de la gente sobre los funcionarios y las instituciones.
“Había una percepción de la sociedad de que se diera un cambio del director de la policía estatal y ya lo hubo, entonces el gobernador escucha la opinión de la gente”, refirió
Sobre Pinedo Dávila, el Ombudsman colimense opinión que trae formación militar y por ende disciplina y experiencia en el manejo de los cuerpos de seguridad.
Además aseguró que tiene que sujetarse estrictamente en el orden constitucional de prevenir delitos y coadyuvar en la persecución de los mismos teniendo como base la Ley y la Constitución respetando los derechos humanos y garantías de los colimenses.
“Como jefe de la PEP tiene que cumplir con las normatividad correspondiente, romper con el abuso del poder (…), respetar los derechos humanos y garantías constitucionales”, concluyó Chalupa de la Mora.
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