La delincuencia organizada y las autoridades coludidas con ella no sólo atacan a migrantes indocumentados que intentan llegar a Estados Unidos cruzando México, sino también a las organizaciones civiles que trabajan por defender sus derechos.
En solo cuatro meses, el Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios, en Saltillo, sufrió 100 agresiones como represalia a sus labores con los migrantes indocumentados, según denunciaron miembros de esa organización.
Este año, al trasladar migrantes a un refugio temporal, los vehículos de los activistas fueron detenidos en varias ocasiones por hombres armados, que los amenazaron con robar a todos si no les entregaban a los migrantes.
Según los activistas, sus instalaciones son constantemente vigiladas por grupos armados, y han recibido llamadas en las que los amenazan para que cesen sus labores.
«El mensaje que tratan de enviarnos es claro: no quieren que ayudemos a los migrantes, no quieren que les arruinemos el negocio», dijo a Blanca Martínez, directora del Centro Diocesano.
Los activistas acudieron ante las autoridades a presentar las denuncias, pero nunca procedieron, al no encontrarse responsables o al considerar que los delitos no estaban tipificados.
«Si no te matan no hay delito que perseguir. Esa es la respuesta de las autoridades», señala Martínez.
La activista afirma que la reciente masacre de 72 migrantes en Tamaulipas no es un hecho aislado, y la organización que representa, así como otras en todo el país, han denunciado los secuestros, tortura, extorsiones y asesinatos que sufren los migrantes.
«Esto, denunciarlo, automáticamente nos convierte en objetos de agresiones por parte de las autoridades corruptas, pero sobre todo del crimen organizado», asegura.
Pero esta no es la única casa de migrantes que ha sido atacada. Melisa Vértiz, del Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova, en Tapachula, Chiapas, detalla que algunos activistas -de los que no se proporciona más información por razones de seguridad- han tenido que dejar el país al no encontrar garantías de su seguridad.
Explicó que, en muchos casos, las autoridades están coludidas con el crimen, «y así no puedes esperar que la policía te defienda».
En entrevista, Melisa relata que ella nunca ha sido objeto de una agresión directa, pero tiene compañeros que incluso abandonaron sus labores para salvaguardarse o que han sido secuestrados por varias horas o días.
«Si no existen las condiciones aptas para realizar tu trabajo, si tu vida está en peligro, si tu familia corre riesgos, lo mejor es sacar la bandera blanca porque nadie te va a proteger», agrega.
Agregó que las estaciones migratorias del Instituto Nacional de Migración (INM) «se vuelven el lugar perfecto para atrapar a las víctimas».
«Hasta hace muy poco, los activistas no podíamos tener acceso a todas las instalaciones de las estaciones, no podíamos monitorear el estado de los retenidos ni brindarles asesoría, y estaban completamente vulnerables al crimen organizado y a que sus derechos fueran violados por las autoridades».
La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) dio a conocer un informe con los detalles de cómo los migrantes son víctimas del crimen y de las autoridades.
Melisa agrega que hay casos en que los defensores trasladan a un grupo de migrantes a un refugio, y en el camino son detenidos por hombres armados que finalmente secuestran a los extranjeros.
«En esos grupos de secuestradores se han visto a policías o que usan camionetas de la policía», dice Melisa. «Ése es el peor de los mundos. Nosotros defendemos los derechos de los migrantes, pero ¿quién defiende los nuestros?»
