Al comparecer por más de cinco horas ante las comisiones unidas de Justicia, Seguridad y Función Pública de la Cámara de Diputados, la titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Marisela Morales, aseguró que la institución se encuentra bajo un estricto proceso de depuración y que durante su administración no permitirá espacios para la corrupción de sus subordinados.
Morales Ibáñez reconoció la problemática que enfrenta la dependencia que asumió en abril pasado, pero insistió que la certificación y evaluación de los más de 20 mil trabajadores —antes de que concluya la presente administración— es fundamental para dar mejores resultados a la sociedad.
En esa estrategia, dijo, de enero y agosto del presente año, se separó del cargo a 22 delegados estatales, 17 más fueron causa de bajas, en una primera fase.
“La segunda, de agosto a diciembre de 2011, donde se dará inicio a los procedimientos de separación de los no aprobados; se propone una rotación bianual como mecanismo de control. La tercera comprenderá de diciembre de 2011 a julio de 2012 con la actualización de exámenes para la permanencia y certificación de un total de 3 mil 183 agentes de Ministerios Públicos”.
Con respecto a la Policía Federal Ministerial, dijo, en la primera etapa se recibieron 47 renuncias, 45 separaciones y 95 remociones; en la segunda, tienen 290 quejas interpuestas por el órgano de instrucción, por lo que se prevé rotar a mil 790 agentes federales de investigación.
Diputados del PRI, PRD, PT y PVEM cuestionaron a la funcionaria sobre las investigaciones en materia de tráfico de armas, como el operativo encubierto del gobierno de EU conocido como “Rápido y furioso”, así como por la “poca eficacia” en sentencias condenatorias en delitos del crimen organizado, “lavado” de dinero y atentados como el del Casino Royale de Monterrey.
Los legisladores pidieron además una explicación de por qué la dependencia llamó a declarar a un joven tuitero sobre el accidente aéreo donde perdió la vida el secretario de Gobernación, José Francisco Blake, y siete funcionarios más; además de las investigaciones sobre la Guardería ABC, entre otros temas.
En cuanto al tráfico de armas, Morales informó que seis ciudadanos o residentes estadounidenses han sido llevados ante autoridades judiciales por los delitos de compra de armas y venderlas a bandas del crimen organizado que opera en nuestras fronteras.
Del operativo “Rápido y furioso”, recordó que la PGR abrió tres averiguaciones previas y existen dos asistencias jurídicas solicitadas al gobierno de los EU para recabar información, pero aclaró que hasta el momento no hay evidencia o prueba que determine si funcionarios mexicanos tuvieron conocimiento del trasiego ilegal de armas al país.
La procuradora aseguró, por otra parte, que siguen tras la pista de Néstor Moreno, ex director de Operaciones de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), prófugo de la justicia y quien tiene una orden de aprehensión por enriquecimiento ilícito. “Estamos tras él, se le está buscando y estamos trabajando de una manera coordinada con dependencias, nacionales e internacionales, para detenerlo”.
Al término de la comparecencia, la procuradora Morales se refirió al recorte en el presupuesto de 482 millones de pesos para la dependencia a su cargo y dijo que aunque ya se tenía planeada la creación de nuevas plazas, se optimizarán todos los recursos para brindar los mejores resultados a la sociedad.
Con información del Universal
