Ciudad de México.- La Procuraduría General de la República dio un mensaje a medios donde anunció las acciones que se implementarán para investigar los casos de espionaje a equipos telefónicos de periodistas y defensores de derechos humanos.
En rueda de prensa, Ricardo Sánchez Pérez del Pozo, fiscal Especial Para la Atención de Delitos Cometidos Contra la Libertad de Expresión, enumeró 8 acciones concretas para esclarecer el caso.
En principio se organizó un grupo de apoyo técnico conformado por la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) de la ONU, la Asociación Mundial de Operadores Móviles (GSMA), con sede en Londres, Reino Unido; la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica del Instituto Politécnico Nacional, el ex presidente de la Comisión Federal de Telecomunicaciones, Héctor Osuna Jaime y el Buro Federal de Investigaciones (FBI) de los Estados Unidos.
En segundo lugar, el Ministerio de Justicia de Canadá colaborará con asistencia jurídica internacional en las entrevistas al Citizen Lab de la Universidad de Toronto, quien confirmó que los celulares se encontraban intervenidos.
También se declarará a las empresas que vendieron equipo que posibilita la intervención de comunicaciones en México. La intención de la PGR es identificar qué gobiernos estatales, dependencias públicas y federales tienen este equipo.
Se solicitará a las empresas de telefonía celular los registros de llamadas de los teléfonos intervenidos “a efecto de detectar similitudes en los números que hubieran enviado el virus.”
El artículo 190 fracción II de la Ley Federal de Telecomunicaciones establece que las compañías deben mantener estos registros durante dos años.
El fiscal anunció que se ordenó a las dependencias de seguridad estatales y federales que resguarden la información relacionada a la contratación del equipo Pegasus o similares.
PGR notificó a los afectados a que aporten sus equipos telefónicos a la investigación con el objetivo de realizar un análisis forense que incluirá la fijación telefónica, fotografía de los mensajes sospechosos y ubicación del virus o malware, en caso de ser posible.
Sánchez Pérez reiteró que la investigación cumple con las medidas cautelares solicitadas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
“Los hechos vertidos en la prensa son serios y esta Procuraduría agotará las líneas de investigación a efecto de asegurar que las y los periodistas y defensores de derechos humanos en México puedan ejercer su profesión de manera libre y con todas las garantías que la Ley les otorga.”
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