El presidente Felipe Calderón apeló a la sociedad civil para delinear la lucha contra el crimen organizado y les ofreció financiar proyectos vigilados por consejos mixtos de autoridades y organizaciones no gubernamentales para acciones de prevención social de la violencia.
Se trata de que sea la misma gente la que señale en el gobierno federal o de los estados quién no está comprometido en esta tarea.
«Fomentaremos el cooperación de la sociedad en dos ámbitos: por una parte vamos a ofrecer financiamiento que pueda apoyar a los proyectos de la sociedad civil en materia de prevención social de la violencia y de la delincuencia», dijo.
«Estos recursos serán administrados por miembros de las organizaciones de la sociedad civil y del gobierno federal», aclaró.
También dijo que van a fortalecer los mecanismos a partir de los cuales las organizaciones puedan evaluar sistemáticamente el trabajo del gobierno federal y entidades federativas.
Por ejemplo, cuidar los recursos para el nuevo modelo policial y para operar unidades especiales en cada estado y los centros de evaluación y control de confianza.
«Así estamos dotando a la sociedad civil de nuevas herramientas que les permitan participar y con mayor intensidad en esta lucha que es de todos y es en beneficio de todos los mexicanos», afirmó.
Refrendó su disposición a trabajar con la sociedad civil.
Reinició así esta mañana los «Diálogos por la Seguridad», después del debate suscitado por caricaturistas para un llamado a detener las muertes por la guerra contra el crimen.
Ofreció, como anticipó ayer, un nuevo enfoque social en el combate al crimen.
Insistió en la participación de organizaciones sociales para lograr objetivos y hacer «los ajustes y reorientación» necesarios, así como en la evaluación de lo que se hace no sólo a nivel federal sino de los estados.
Recalcó que la sociedad debe ser vigilante de los recursos para seguridad, sobre todo señaló que las entidades han recibido presupuesto creciente lo cual obliga a reflexionar sobre el fortalecimiento de sus capacidades.
Este esquema lo convocó el 2 agosto de 2010 con organizaciones civiles, empresarios, periodistas, académicos, gobernadores, alcaldes y legisladores.
Ahí distintos actores plantearon desde la legalización de las drogas hasta indemnizar a familiares de las víctimas de la guerra contra el crimen.
Con información de El Universal.
