Colima.- Debido a las reglas que estipulan para la detención de presuntos delincuentes, la población no cree en la efectividad del nuevo sistema de justicia penal, reconoció Bernardo Salazar Santana, magistrado presidente del Supremo Tribunal de Justicia del estado de Colima.
“El problema que veo es que no se ha generado la confianza necesaria para que la sociedad crea que este sistema va a cumplir con el objetivo de que el culpable no quede impune y que se repare el daño a la víctima, que son los objetivos principales”.
Exceptuando los casos en que de oficio se detiene al presunto responsable, el funcionario señaló que esta responsabilidad recae sobre los ministerios públicos, quienes deben acreditar la necesidad de la detención.
En uno de cada 10 casos, estimó, el trabajo de los ministerios públicos presenta inconsistencias que no permiten detener a las personas que se desea imputar.
“Hay formas, la principal es que justifiquen que esa persona se va a sustraer a la acción de la justicia, que va a obstaculizar el proceso o que estando libre va a hacer acciones para obstaculizar el proceso o que representa un peligro para la víctima o la sociedad”.
En este sistema, recordó, prevalece el principio de presunción de inocencia, por lo que la mayoría de los imputados enfrentan los procesos en libertad.
Afirmó que se sigue capacitando al personal para evitar errores en aquello que entorpezca los procesos y justifiquen la liberación de responsables.
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