Policía colimense torturado por la Marina recibirá indemnización para reparar los daños

Colima.- La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) determinó indemnizar a Nibardo Padilla Arceo, uno de los 40 policías colimenses que fueron torturados por elementos de la Secretaría de Marina hace cinco años.

“Me acaba de llegar una resolución de la CEAV en un hecho sin precedente, donde se nos va a indemnizar con una cantidad de dinero por todos los daños sufridos, por la tortura del que fuimos objeto, por elementos de la Secretaría de Marina Armada de México”.

Los abusos y violaciones a los derechos humanos, fueron sufridos por estos elementos policiales después de haber sido entregados de manera ilegal por la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) el 11 de febrero de 2011.

“Nos colgaron de los pies, nos dieron con un bate en las piernas y me dejaron huellas, es lo que me quedó por la tortura de que fui objeto”.

La CEAV, con recursos del Gobierno Federal, entregará un pago de compensación a Nibardo Padilla por conceptos de lucro cesante, daño moral y pago de gastos y cuotas judiciales, cuyas cantidades están tasadas en dólares, por determinación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Padilla Arceo consideró esta resolución como un “triunfo en derechos humanos”, pues son las segundas victimas a nivel nacional a quienes se les va a reparar el daño; se espera que a su indemnización sigan las de los 39 policías restantes.

Cabe señalar que esta compensación es independiente de los juicios en materia penal y laboral que continúan los agraviados, en contra de la PGJE y del Gobierno del Estado en lo general.

“Se nos desarmó, se nos entregó a la Marina con una lista que la Procuraduría hizo para que nos torturaran, se le está dando seguimiento a esta denuncia, funcionarios de primer nivel del estado serán citados a declarar en calidad de testigos”.

En el número 1 y 31 de la revista ReporteAF, esta agencia informativa ha recogido las denuncias de los policías despedidos y torturados en 2011, presuntamente como condicionante del Gobierno Federal para otorgar a la entidad una partida presupuestal para seguridad.

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