Colima.- El Congreso del Estado de Colima enmendó el decreto aprobado en agosto que estipulaba este 19 de noviembre como fecha límite para el inicio de los juicios orales.
A los poderes Ejecutivo y Judicial no les alcanzó el tiempo para terminar las instalaciones, el equipamiento y la capacitación necesarios para iniciar operaciones del nuevo sistema de justicia penal en el Primer Partido Judicial, integrado por los municipios de Colima y Villa de Álvarez.
El dictamen, leído por el diputado Heriberto Leal Valencia en una atípica sesión nocturna, establece como plazo fatal para implementar la nueva modalidad de juicios el 31 de diciembre de 2014.
El legislador aseguró que hay condiciones legislativas para que inicie a funcionar el nuevo sistema procesal penal acusatorio, pero «situaciones de carácter técnico operativo imposibilitan la entrada en vigor este 19 de noviembre».
Las fechas previstas para la implementación en el resto del estado no tuvieron modificaciones: el 1 de abril en Comala, Cuahtemoc, Minatitlán y Coquimatlan, el 5 de agosto en Manzanillo y el 12 de agosto Tecoman, Armería e Ixtlahuacán.
En entrevista con AFmedios, el diputado priista Martín Flores Castañeda confirmó que hay retrasos en los proyectos de infraestructura y materiales necesarios, por lo que las autoridades judiciales y de impartición de justicia del estado solicitaron la prórroga.
No se afectan los procesos actuales: Chapula
Roberto Chapula de la Mora, presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, consideró que al posponerse la implementación de los juicios orales en la entidad no se afectan los procedimientos actuales, lo que se demora es la agilización y transparencia que implicará esta nueva forma de impartir justicia.
“Al momento de que se implementen los juicios orales, se terminarán los abusos de poder y la fabricación de culpables, porque (los juicios) van a ser a la luz de la sociedad”.
Consideró necesario que exista una amplia capacitación para quienes imparten la justicia y para quienes defienden a los implicados.
“Que se preparen bien los abogados, por un lado los ministerios públicos, para sostener la pretensión punitiva por medio de pruebas para que no haya impunidad, y los defensores bien preparados para poder acreditar la inocencia de los imputados”.
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