Por Héctor Romero Fierro
Pidió López a los gobernadores de los estados hacer un esfuerzo para depender de sus propios recursos y no sólo “conformarse” de las participaciones federales; sin embargo, olvida que los estados no reciben dádivas de la Federación, sino aportaciones que se tienen que entregar a estos, ya sea por disposición constitucional o por ser parte del Convenio de Coordinación Fiscal.
El presidente debería conocer el contenido de la fracción XXIX del artículo 73 de nuestra Constitución, misma que establece una potestad tributaria a favor de la Federación, al señalar como facultad exclusiva el fijar contribuciones, entre otras a: comercio exterior, hidrocarburos, instituciones de crédito, especiales sobre Energía eléctrica; explotación federal; gasolinas; tabacos; cerveza y bebidas alcohólicas.
Sin embargo, la misma Constitución establece que las entidades federativas participarán en el rendimiento de estas contribuciones especiales, luego entonces no es un favor que el presidente entregue esos recursos a los estados y menos que lo haga discrecionalmente, beneficiando a sus estados consentidos y negándoles lo que en derecho corresponde a aquellos que generan mayor riqueza como Nuevo León o Tamaulipas o Colima, que son los estados que peor trato reciben de la Federación.
Es cierto, desde el punto de vista tributario, los estados y municipios deben explotar más sus potestades tributarias, pero sin lugar a dudas debe existir un reparto más equitativo a todos los estados que integran nuestra República, que en la actualidad no ocurre, ya que nuestro pacto fiscal destina menos recursos a varias entidades que aportan mucho y otros estados que se les beneficia exageradamente.
Pero por otro lado los estados deben ser más responsables con sus erogaciones, y no despilfarrar el dinero en cosas que en forma alguna beneficia a la población. El mejor ejemplo de esto es Jalisco, donde por un lado se pretende incrementar el gasto en propaganda y el impuesto sobre nominas al 3% por un pacto con “cúpulas empresariales” (que muchos ni empresarios son), y por el otro lado reducir partidas sumamente importantes para la población, como lo es el presupuesto para la búsqueda de desaparecidos, o sufrir la falta de rendición de cuentas del fideicomiso del transporte público, incluyendo esos “otros productos” de los centavos que nunca pueden dar de cambio.
El gobernador pendenciero insiste en quitarle los 140 millones de pesos a la UdeG ya autorizados para un museo e innecesariamente declara que para aulas si habrá recursos pero no para museos, dejándonos a los ciudadanos e universitarios como rehenes de su obsesión contra Raúl Padilla, al creer que le afecta a este el no recibir los recursos de un museo que está a punto de terminarse. Recordemos que la cultura es también parte de la función universitaria y no solo la educación.
Sin pretender juzgar en el tema de Lozoya, podemos claramente observar el pésimo e inconstitucional manejo que se le da por parte de muchos jueces a la prisión preventiva, que permitieron durante meses que ese personaje actuara con plena impunidad hasta que cayó de la gracia de MALO y, por otro lado, con excusas legaloides, tienen por venganza política a Rosario Robles detenida sin poder gozar del derecho humano de presunción de inocencia.
