Colima.- Tras la aprehensión por parte de agentes de la Fepade del exsecretario de Desarrollo Social del Gobierno del Estado, Rigoberto Salazar Velasco, el presidente del Comité Directivo Estatal del PRI, Rogelio Rueda Sánchez, señaló que aún está pendiente la detención de Jesús Fuentes Martínez, dirigente del PAN en el estado de Colima.
Por su parte, la delegada estatal del PRD en Colima, Martha Zepeda del Toro, señaló que mientras el exgobernador Mario Anguiano Moreno no sea llevado ante la justicia, no podrán decirse satisfechos, pues consideran que él es el responsable directo de la anulación de la elección.
PRI pide actuación imparcial
“Sin la aprehensión de Jesús Fuentes y Javier Jiménez Corzo, abogado del que fuera candidato panista a la gubernatura del estado, la PGR genera una imagen de impunidad en materia electoral”, señaló Rueda Sánchez.
Destacó que el propio PRI fue quien denunció ante la Fepade al exfuncionario estatal y a los panistas que resultaran responsables por el delito de alteración de documentos, pues más allá de a qué partido pertenezca el infractor, el Partido está por el cumplimiento a la Ley y el castigo a quienes la violenten.
“Nos preocupa que la Fepade actúe de manera parcial, por eso le requerimos una actuación imparcial para que no brinde impunidad a los panistas”, apuntó Rogelio Rueda.
PRD va por Mario
“Mientras Mario Anguiano Moreno no pague su deuda social y legal con los colimenses, no podremos decirnos satisfechos”, expresó Zepeda del Toro.
Dijo que en el PRD celebran que se haya ejecutado la orden de aprehensión en contra de Rigoberto Salazar; sin embargo, ello no implica que se haya resarcido, ni mínimamente, el daño ocasionado a los colimenses con la anulación del proceso electoral ordinario.
Zepeda del Toro, al fijar el posicionamiento del PRD colimense, sobre este caso, advirtió que tanto el exgobernador como sus dos excolaboradores (el segundo es el exprocurador Marcos Santana Montes) fueron los responsables de la anulación de la elección, al haber violado el Artículo 134 de la Constitución, que implica la participación del Gobernador para incidir en el proceso electoral y favorecer al candidato de su partido, por lo que Mario Anguiano es el máximo responsable, y los otros fueron sus artífices, de ahí que todos ellos deben rendir cuentas de su actuar ante la justicia.
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