Tecomán .- La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) aseguró precautoriamente un volumen total aproximado a los 28 metros cúbicos de madera en escuadría de la especie conocida como habillo (Hura poliandra), tras no presentar el inspeccionado la documentación oficial para amparar la legal procedencia de dicha materia prima forestal.
Fueron turnados tanto el poseedor como la unidad al Ministerio Público de la Federación por tratarse de un delito penal al superar los 4 metros cúbicos de madera, de acuerdo al artículo 419 del Código Penal Federal.
Con el apoyo de la Policía Federal, inspectores de esta Procuraduría detectaron en tránsito, en el municipio de Tecomán, un camión de carga pesada con el servicio de paquetería, el cual al ser revisado el interior de la caja transportaba los 28 metros cúbicos de madera aserrada de la especie citada, que equivalen a 786 piezas, transformadas en tablas y tablones, misma que tenía como destino el estado de San Luis Potosí.
El inspeccionado pretendió amparar la legal procedencia con una remisión forestal que evidenció una serie de irregularidades, como el que eran sólo 425 piezas, y el documento, expedido por la comunidad indígena de Tomatlán, en el municipio del mismo nombre, en el estado de Jalisco, refería que era para madera en rollo de comunes tropicales de varias especies.
En este caso, la legislación transgredida son los artículos 163 fracción XIII de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable; y el 419 del Código Penal Federal y demás legislación relativa a la posesión de materias primas forestales.
Al respecto, el Delegado Federal de la PROFEPA, Dr. Ciro Hurtado Ramos, precisó que el artículo 419 del Código Penal Federal dice: “A quien ilícitamente transporte, comercie, acopie, almacene o transforme madera en rollo, astillas, carbón vegetal, así como cualquier otro recurso forestal maderable, o tierra procedente de suelos forestales en cantidades superiores a cuatro metros cúbicos o, en su caso, a su equivalente en madera aserrada, se impondrá pena de uno a nueve años de prisión y de trescientos a tres mil días multa…”
Manifestó que el transporte ilícito conlleva a los aprovechamientos ilegales de recursos forestales maderables, lo que implica -dijo- alterar los ecosistemas, reducir el área forestal, afectar el hábitat de la fauna silvestre, propiciar la erosión del suelo, reducir la recarga a los mantos acuíferos e incrementar la deforestación. BP
