Manzanillo.- En entrevista con AFmedios, el alcalde de Manzanillo, Virgilio Mendoza Amezcua, indicó que la intervención del Ayuntamiento porteño fue sólo para apoyar la actuación de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), en el caso de la instalación de una mina en el ejido de Canoas, en contra de la voluntad de los pobladores.
«La intervención fue que cuando nos comentaron lo que estaba sucediendo, yo mandé a la directora de Ecología con los ejidatarios y juntos visitaron al delegado de la Profepa, Ciro Hurtado, quien los atendió y escuchó sus demandas», señaló.
El presidente municipal explicó que el titular de la Profepa giró un oficio a la Dirección de Seguridad Pública para que apoyara con elementos porque inspectores de la dependencia realizarían una supervisión en la zona.
«Después de la inspección decidieron clausurar; la Profepa tendrá que hacer el recuento de los daños ecológicos en Canoas y proceder de acuerdos a la Ley», dijo Virgilio Mendoza.
Los ejidatarios señalan que la instalación de una mina afectaría sus ríos, manantiales y sembradíos de café, principal actividad agrícola de la comunidad. Mientras, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) determinó la intervención de sus visitadores en este caso para garantizar el respeto a la decisión de los comuneros.
Sin embargo, los empresarios del grupo minero EVA denunciaron haber sido víctimas de presiones y amenazas, además aseguran tener los permisos para la explotación del suelo en el ejido.
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