La diputada priísta Socorro Rivera Carrillo, presentó una iniciativa de reforma a la Ley de Vivienda del Estado de Colima, señalando que esta debe hacerse a fondo, con el fin de facilitar el acceso a este derecho ciudadano.
Señaló que es con el fin además de generar una política de vivienda orientada al acceso habitacional a las clases más desprotegida.
En su iniciativa, la legisladora priista señala que la Ley de Vivienda del Estado requiere una actualización, para adecuarla a la modernidad sobre las políticas y programas de vivienda, orientadas a desarrollar las condiciones que permitan a las familiar colimenses tener acceso a una solución habitacional de acuerdo a sus posibilidades y necesidades.
Rivera Carrillo consideró indispensable fomentar la calidad de la vivienda y promover medidas de mejora regulatoria, encaminadas a disminuir sus costos, como principios rectores del derecho a la vivienda para mantener y elevar la calidad de este derecho.
Dijo que para ello deben de proponerse estrategias y líneas de acción para el financiamiento y créditos para los sectores vulnerables de la sociedad, en beneficio de la sociedad que tiene menos recursos económicos.
La iniciativa de la diputada Rivera Carrillo propone también establecer mecanismos que abran la posibilidad de instrumentar programas para acciones de suelo y vivienda en su ámbito territorial, otorgando atención a la población de situación de extrema pobreza, discapacidad y, en su caso, a la población indígena.
“El objetivo de la iniciativa que plantea diversas reformas y adiciones a la Ley de Vivienda para el Estado de Colima, es brindar certidumbre jurídica sobre la vivienda, ampliar la cobertura de atención de financiamiento, generar un mayor dinamismo del mercado de vivienda, promover el mejoramiento de la vivienda existente e impulsar la vivienda progresiva”, señaló la legisladora local.
Las reformas propuestas, señaló la diputada, consideran los mecanismos para incorporar la inclusión de toda persona, sin importar su origen étnico, el género, la edad, la discapacidad, la condición social o económica, las condiciones de salud, la religión o el estado civil, para que pueda ejercer su derecho constitucional a la vivienda.
Apuntó que la iniciativa, turnada a comisiones para su análisis, prevé también la incorporación de estrategias que fomenten la concurrencia de los sectores público, social y privado para satisfacer las necesidades de vivienda en sus diferentes tipos y modalidades; así como el establecimiento de esquemas de ahorro y crédito para el financiamiento de programas por grupos específicos de beneficiarios, y fomentar la calidad de la vivienda.
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