Ciudad de México.- La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos presentó, a petición de la Secretaría de Gobernación, un centenar de recomendaciones que servirán para reforzar el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas que lanzó el gobierno mexicano en 2012.
Para la confección del informe se contó con un amplio volumen de documentos sobre el Mecanismo, más de 100 horas de entrevistas a 147 personas relacionadas con ese instrumento, el análisis detallado de cómo actuó el Mecanismo en diversos procesos y el intercambio de pareceres con expertos y entidades especializadas en protección de los defensores de derechos humanos y periodistas.
La Oficina resaltó la gran importancia que supone contar con el Mecanismo ya que 62 de los beneficiarios entrevistados destacaron que la protección proporcionada por esa salvaguarda es el motivo por el cual siguen vivos.
El representante de la Oficina en México, Jan Jarab, explicó que el “desarrollo progresivo” del instrumento se debe a un aprendizaje de seis años, a que el marco legal ha sido lo suficientemente flexible y a que prevé un esquema de gobernanza participativa de la ciudadanía.
Sin embargo, indicó que la disposición continúa conformando una respuesta insuficiente por distintas razones y que algunas de ellas se remontan al inicio de la creación del instrumento.
Falta de personal y recursos económicos
En concreto, el estudio destaca la insuficiencia de recursos humanos y económicos para cubrir los requisitos legales y las necesidades de protección. Por ejemplo, subraya que mientras el número de trabajadores no aumentó desde el año 2014, cifra de personas protegidas creció hasta un 236 por ciento.
Así, las previsiones de la Secretaría de Gobernación para 2019 contemplan la protección de mil 131 personas y con un gasto de 325 millones de pesos (equivalente a unos 16 millones de dólares), pese a que el presupuesto asignado para el actual ejercicio fue de 207 millones de pesos (alrededor de 10.5 millones de dólares).
Indefinición de las prioridades políticas
Otro apartado del estudio indica que no hay “un mensaje claro de priorización política que garantice su función principal de coordinar las acciones de la Federación y de las entidades federativas” para la protección de los afectados.
Del mismo modo, tanto los funcionarios como las personas protegidas destacaron la falta de participación activa de las autoridades que componen la Junta de Gobierno.
Además, destaca la necesidad de comprender que, sin un enfoque de prevención, la principal guía para evitar la consumación del daño, “combinado con una actuación dirigida a anular las causas del riesgo no se va a disminuir la necesidad de protección individual”, lo que haría ineficaz e insostenible al mecanismo.
Según los datos publicadas por el Mecanismo, en más de la mitad de los casos en que se identificó a los presuntos perpetradores, éstos eran servidores públicos.
Sin embargo, el análisis revela que hasta la fecha ese instrumento carece de criterios de actuación adecuados para “condenar públicamente cualquier ataque por parte de los servidores públicos; dar vista a la fiscalía correspondiente para que se inicie una investigación criminal; e iniciar el procedimiento correspondiente de control y sanción administrativa”. BP
