Colima.- Hace un año los actuales diputados locales llegaron al cargo y la bandera de la ‘austeridad republicana’ estaba en todos sus discursos pero hoy la realidad es otra.
El 13 de diciembre del 2018, apenas dos meses y medio después de haber tomado posesión, los diputados del grupo parlamentario con mayoría en la Cámara local, enarbolaban la ‘justa medianía’ y aprobaron la Ley de Austeridad para comprobar que se identificaban con el presidente Andrés Manuel López Obrador.
La esencia de la Ley de Austeridad es buena, ya que regula con nuevos parámetros el gasto público que reclama la sociedad.
Con esta Ley, los legisladores pusieron candados y nuevos criterios de austeridad a todas las instituciones, pero en la aprobación de su siguiente presupuesto de egresos -2019- redujeron presupuestos de otras instituciones menos las de este Poder.
Así fue como hace un año los diputados aprobaron su presupuesto de gasto para el 2019 por 95 millones de pesos, sin reducir un solo peso al aprobado en el 2018 por la anterior legislatura y que los ahora diputados habían criticado tanto en la campaña electoral en el 2018.
Entonces, diversos legisladores defendieron ese presupuesto argumentando que no se redujo pero tampoco se aumentó.
Eso ya es historia y los legisladores le dieron vuelta a la página lo más pronto posible, aunque la Ley les exige reducción.
El 25 de septiembre los diputados presentaron el proyecto de presupuesto para el año 2020 por 115 millones de pesos, es decir 20 millones de pesos más que en el 2019.
Este aumento representa el 8.26 por ciento más con relación al presupuesto anterior, pero lo significativo es que algunos incrementos planteados en este proyecto violan la Ley de Austeridad del Estado de Colima, propuesta y aprobada por ellos, esto de acuerdo al comparativo del gasto entre el 2019 y el que se pretende en 2020.
Cabe recordar que el 13 de diciembre del 2018 los actuales diputados señalaron que aprobaban la Ley “En cumplimiento al claro mandato popular, expresado en las urnas el pasado 1 de julio y en honra al elevado compromiso adquirido con la sociedad mexicana, asumido tanto por el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, como por las diputadas y diputados que impulsamos este proyecto de nación…”.
“La austeridad permitirá erradicar el conjunto de excesos que la clase política se había agenciado, y realizar los principios constitucionales de economía, racionalidad, honradez y transparencia en la asignación y el ejercicio de recursos públicos”, expresa el decreto 37 de esta Ley.
Conforme a esta Ley, la austeridad es tomada como una expresión del derecho popular a un gobierno honrado y de ésta se desprenden nueve apartados para cuidar el gasto público.
Faltas a la Ley de Austeridad
En el APARTADO PRIMERO de la Ley se obliga a “La reducción del gasto corriente respecto a los salarios y prestaciones de los altos funcionarios públicos de los (tres) poderes, órganos autónomos y sus entes públicos”.
Aquí ya hay una posible violación a la Ley de Austeridad pues los legisladores no propusieron ninguna reducción -ni de un peso- a su salario en el 2020.
Los parlamentarios lo han justificado señalando que no hay reducción pero tampoco aumentó.
Este primer apartado de la Ley de Austeridad señala que en el estado de Colima se regirá con lo que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 127.
“Se considera remuneración o retribución toda percepción en efectivo o en especie, incluyendo dietas, aguinaldos, gratificaciones, premios, recompensas, bonos, estímulos, comisiones, compensaciones y cualquier otra…”.
Por lo tanto todo lo que reciban los diputados como dieta y bonos, es valorado en la Constitución de la República como una remuneración.
Y en este proyecto de presupuesto 2020, se contempla que para las dietas de los diputados se destinarán 23 millones 242 mil 980 pesos, y si se divide este recurso entre los 25 legisladores arroja que seguirán recibiendo una cantidad bruta de dieta de 77 mil 476.60 pesos mensuales.
Pero de continuar con los bonos adicionales que actualmente reciben, tendrían el mismo acumulado de 112 mil pesos mensuales.
Actualmente, cuando los legisladores son cuestionados sobre sus percepciones, señalan como su única remuneración la dieta por 77 mil 476.60 pesos, de los cuales tienen una deducción de 19 mil 612 pesos por impuestos y queda un ingreso neto de 57 mil 864 pesos, 28 mil 932 pesos por quincena.
Pero casi siempre omiten que reciben por fondo ahorro 15 mil pesos, por presidir una Comisión 15 mil pesos, por pertenecer a un grupo parlamentario 10 mil 204.33 pesos, para telefonía reciben un apoyo de 4 mil 493.53 pesos y para gasolina 10 mil pesos, estas percepciones llegan a los 112 mil 561.86 pesos mensuales.
Cabe señalar que las percepciones por dieta, fondo de ahorro, pertenecer a un grupo parlamentario, presidir una comisión se encuentran publicadas en el artículo 31 Fracción VIII de la Ley de Transparencia para el Estado de Colima que aparece en el sitio web oficial del Congreso del Estado de Colima.
Y aunque la Fracción VIII señala que en ésta se encuentran incluidas todas las dietas y cualquier remuneración adicional que se establezca a favor de los legisladores, las percepciones para gasolina y telefonía no se incluyen aquí sino hasta el final del artículo, en un apartado denominado otros, después de la Fracción XVII.
Por otro lado el APARTADO SEXTO de la Ley de Austeridad obliga a “Restringir el gasto en propaganda oficial, disminuyendo al mínimo posible la contratación de tiempos comerciales y concentrando en una sola dependencia su difusión”.
Pero también el ARTÍCULO 8 de la propia Ley señala “El gasto neto total ejercido anualmente en difusión de propaganda oficial de los poderes Legislativo y Judicial, organismos públicos a los que la Constitución Local les otorga autonomía y municipios, será de hasta un 4% (de su presupuesto total) tratándose de los municipios, no rebasará el 3%…”
Aquí habría una segunda posible violación a la Ley, pues para el 2020 están contemplando un presupuesto para Servicios de Comunicación Social y Publicidad 4 millones 990 mil 004 pesos que representa el 4.33 por ciento de los 115 millones que quieren ejercer y supera el límite legal permitido.
En el 2019 tuvieron asignado un presupuesto de 3 millones 525 mil pesos.
Por otro lado el ARTÍCULO 9 de la Ley establece que “sólo se autorizarán por ente público, dependencia, órgano desconcentrado o entidad los viajes oficiales que resulten estrictamente necesarios. Queda prohibida la adquisición de boletos de viajes en servicio de primera clase o equivalente, así como la contratación de servicios privados de aerotransporte. Sólo se adquirirán servicios de hospedaje y alimentación del servidor público comisionado, cuyo monto será determinado siempre ajustándose a los criterios de racionalidad, eficiencia, necesidad y austeridad…”.
A su vez el ARTÍCULO 10 señala que “Una vez considerados los incrementos en precios y tarifas oficiales o la inflación, los gastos por servicios de telefonía, fotocopiado y energía eléctrica; combustibles, arrendamientos, viáticos, honorarios, alimentación, mobiliario, remodelación de oficinas, equipo de telecomunicaciones, bienes informáticos, pasajes, congresos, convenciones, exposiciones y seminarios, no podrán exceder de los montos erogados en el ejercicio presupuestal inmediato anterior (año 2019)”.
Aquí habría una tercera falta a la Ley de Austeridad pues el rubro de Servicios de Viáticos -que contempla pasajes aéreos, terrestres y hospedajes-, pasó de 300 mil pesos a 1 millón 096 mil 199 pesos, lo que representa un incremento del 27.36 por ciento, superior a cualquier previsión de inflación en este año.
El CONSIDERANDO SEGUNDO de la Ley señala que “La austeridad económica si bien es un tipo de política que emplean aquellos Gobiernos que se encuentran en crisis financiera, lo es también para aquellos Gobiernos que la emplean como eje rector de su desarrollo, considerándose necesario implementarla como una política de Gobierno, dado que aquel que despilfarra los recursos de todos no hace sino contribuir al empobrecimiento de su población, lo que evitará cubrir necesidades básicas tales como salud, educación, seguridad, etcétera”.
El APARTADO OCTAVO de la Ley exige “Establecer límites para que no se excedan los montos erogados en el ejercicio presupuestal inmediato anterior en los gastos por servicios de telefonía, fotocopiado y energía eléctrica; combustibles, arrendamientos, viáticos, honorarios, alimentación, mobiliario, remodelación de oficinas, equipo de telecomunicaciones, bienes informáticos, una vez considerados los incrementos en precios y tarifas oficiales o la inflación”.
Pero lo que proyectan como gasto para el 2020 en el rubro Alimentos y Utensilios pasó de 699 mil 984 pesos a 1 millón 038 mil 634 pesos, lo que representa un incremento del 67.39 por ciento, muy superior a cualquier previsión de inflación en el 2020.
En tanto el ARTÍCULO 5 de la Ley de Austeridad señala “…La contratación de servicios personales por honorarios solo procederá en casos excepcionales y plenamente justificados”.
Este artículo llama la atención pues el rubro de Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios (posibles contrataciones por honorarios) pasó de 651 mil 192 pesos a 3 millones 421 mil 192 pesos, lo que representa un aumento del 190.34 por ciento.
Otro incremento está contemplado en Servicios de Conservación que pasó de 201 mil 192 pesos a 1 millón 838 mil 592 pesos, esto lo justifican en los considerandos del proyecto de presupuesto como necesario realizar mantenimiento al inmueble.
Incluso hasta los Estímulos para la Feria tuvieron un incremento 20 mil 150 a 22 mil 232 pesos.
A su vez el rubro de Servicios Oficiales también subirá de 378 mil pesos a 2 millones 351 mil 635 pesos, con 160 por ciento de incremento.
En el anterior presupuesto no se observó el rubro vehículos y equipo de transporte, pero para el 2020 se contempla un presupuesto de 758 mil 400 pesos.
Cuando aprobaron el anteproyecto de gasto 2020, los diputados señalaron “…las Comisiones que suscriben (el proyecto) proyectamos un presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2020 por el orden de $115,000,000.00 en razón de que para la efectividad del trabajo legislativo es imperante que en el ajuste presupuestal exista un incremento en los montos económicos, máxime porque en comparación con los ejercicios fiscales 2018 y 2019 no se ha visto reflejado un incremento porcentual en las asignaciones presupuestales, por lo que de continuar así redundaría en un menoscabo en el ejercicio del gasto para este Poder Legislativo.
También argumentaron que el aumento es en virtud de los conceptos que deba erogar y que no se contemplaban en ejercicios fiscales anteriores, como lo fue a partir del 2019 los pagos a los fondos de pensiones de las y los servidores públicos de este Legislativo además de las previsiones salariales y económicas para cubrir los incrementos salariales que se convengan a través de condiciones generales de trabajo y otras medidas económicas de índole laboral.
Además afirman que hay la necesidad de cambio de la red eléctrica del edificio, el pago que genere el consumo de energía eléctrica a cargo del Legislativo, quien por vez primera a partir del 2020 absorberá el pago de ese servicio, rubro en el cual existe un convenio para que lo cubra el Ejecutivo específicamente para el año fiscal en curso (2019), además de la actualización de la infraestructura de internet y conectividad.
Los legisladores también señalan que sus dietas y salarios no tendrán aumento y serán igual que en el 2019.
Esto pese a que la reducción al 50 por ciento de las percepciones fue una bandera electoral de muchos de los entonces candidatos ahora diputados.
En esta última gráfica los presupuestos obran en el periódico oficial del estado de Colima y el proyecto 2020 en también en archivos del Congreso y documento físico en esta Agencia.
Cabe resaltar que este proyecto de presupuesto 2020, aún tendría que incluirse en el presupuesto de egresos del estado de Colima que se discute y aprueba en diciembre de este año.
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