Coquimatlán.- En entrevista con AFmedios, el alcalde de Coquimatlán, Salvador Fuentes Pedroza, defendió a sus compañeros de partido Gabriela Benavides y Orlando Lino, quienes han sido acusados de traidores luego de la votación para magistrados del Tribunal Electoral del Estado (TEE).
El alcalde opina que las decisiones no se deben tomar por una sola persona, ni por cumplir caprichos de unos cuántos, pues dijo, los servidores públicos deben responder a las necesidades de la población.
Fuentes Pedroza consideró que ambos diputados emitieron un voto razonado y fundamentado en el análisis que se hizo en la etapa de evaluación y “finalmente decidieron apoyar a dos personas que cumplen con los requisitos y que darán certeza jurídica al proceso electoral del próximo 2015”.
Sobre las posibles reprimendas a las que ambos diputados podrían recibir, incluso se ha hablado de su expulsión del partido, el acalde Salvador Fuentes argumentó que es un proceso que solo le corresponde al Comité Estatal del PAN y no a Héctor Insúa ni a Raymundo González.
Señaló que lo que se debería hacer, es corroborar el error que cometió Héctor Insúa al no poder mantener la unidad en la fracción y al faltarle capacidad para hacer política y llegar a consensos.
“No me parece que se tenga que perseguir a nadie, creo que ambos cumplieron con la responsabilidad que les concedió el pueblo y dieron cumplimiento al acuerdo que se había establecido de votar por los tres magistrados propuestos por el PAN”.
Con la votación de Gabriela Benavides y Orlando Lino, se dio certidumbre a las instituciones “que estaban poniéndose en riesgo por caprichos de unos cuantos”.
Negó que los alcaldes panistas sostuvieran reuniones con el secretario General de Gobierno, Rogelio Rueda, y que fueran objeto de presiones o amenazas.
“Lamento las declaraciones temerarias, poco éticas y poco visionarias de un coordinador que aparentemente representa al grupo parlamentario de Acción Nacional”.
Con declaraciones así, opina el alcalde, Héctor Insúa solo busca salidas a su falta de capacidad para lograr los acuerdos al interior del grupo y de las fracciones parlamentarias que constituyen el Congreso del Estado.
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