Colima.- El magistrado del Supremo Tribunal de Justicia, Bernardo Salazar Santana señaló que desde hace dos años se reformó el código civil en Colima para hacer más expedito el trámite de adopción.
Dijo que dicha reforma fue en atención a los protocolos y tratados internacionales en la materia.
Señaló que no existen demandas o quejas presentadas en ninguno de los procesos realizados en la entidad.
Las investigaciones realizadas por la Procuraduría de Jalisco, sobre la venta y renta de infantes se amplió a Colima, al asegurarse nueve infantes y con el arraigo de tres mujeres, como lo publicó AFmedios el pasado 16 de enero.
El magistrado de la sala Penal y Especializada en la Impartición de Justicia para Adolescentes, consideró que esta reforma no implicó ninguna flexibilización de la ley.
“Únicamente contempló medidas para acelerar los trámites en beneficio de los menores e incluyó medidas procedimentales para la recuperación de infantes sustraídos del seno familiar”.
Señaló que quienes solicitan una adopción, tienen que justificar su solvencia económica y moral, además de que es necesario garantizar que el hogar donde el menor será recibido dispone de condiciones para un desarrollo saludable.
Resaltó que por ley para adoptar hay que contar con 25 años de edad y estar preferentemente casado aunque se han dado caso donde el juez permite adopciones a personas solteras.
La adopción se aprueba bajo condiciones muy controladas.
“Los protocolos siguen siendo rígidos en cuanto a garantizar que el niño va a integrarse a un hogar que le permita su sano desarrollo, eso no se modificó, solo que ahora el proceso dura entre seis y 12 meses”, concluyó.
Diputada pide acción inmediata en el caso de adopciones
La diputada local panista Patricia Lugo, exigió a la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) que se aclaré el caso de las supuestas adopciones ilegales de niños, tramitadas en Colima.
Dijo que este asunto deja entrever una red de complicidades que pudiera implicar incluso funcionarios y jueces, y que es necesario que la Procuradora se meta a fondo para que la institución que encabeza investigue estos hechos hasta las últimas consecuencias.
“La denuncia presentada por el presidente de la Fundación de Niños Robados y Desaparecidos (FIND) es gravísimo”, dijo la diputada de Acción Nacional, ya que de comprobarse, se confirmaría una red de venta de infantes al extranjero y precisamente a Irlanda.
“ Lo que se desprende de la denuncia, es que se hayan comprado los infantes directamente en los hospitales, aprovechando el desamparo económico y el desconcierto de madres solteras, que sin embargo tendrán su vida marcada por estos hechos”.
“¿Cómo es posible que haya alrededor de 100 casos de niños de Jalisco, a que se les otorgó el permiso de adopción en Colima, sin que a nadie se les hiciera raro este movimiento de un estado al otro?”, cuestionó la legisladora panista.
Declaró que buscará personalmente involucrarse en este caso para exigir justicia, ya que como madre antes que otra cosa, considera estos hechos gravísimos.
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