Colima.- En el marco de las actividades del Congreso de Amparo y Derechos Humanos que organizó la Facultad de Derecho de la Universidad de Colima, el director de lo Contencioso del Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI), Humberto Azpiazu Castro expuso a los jóvenes rutas sobre el acceso a la información como un derecho humano.
En primer lugar, enunció tres escenarios donde los derechos humanos, que se encuentran en la base de la Teoría del Derecho, han evolucionado a diferentes velocidades o con diferentes intereses, algo que debe ser relevante, dijo, para los jóvenes.
Por ejemplo, planteó Azpiazu Castro, “en la justicia oral penal se trabaja con mucha fuerza, tenemos salas de audiencia llenas de caoba, pantallas, de jueces con toga, mientras que no se hace lo mismo en salas de conciliación y arbitraje, donde los espacios se pudren”.
También mencionó la forma en que los derechos se descontextualizan y generan asimetrías, al hablar de los derechos de las mujeres con protocolos para juzgar con perspectiva de género, “y sin embargo no se escucha sobre los derechos de los hombres”.
Resaltó, además, la mucha jurisprudencia que existe en el dictado de una orden de aprehensión y las pocas referencias a tesis sobre jurisprudencia del agua, vivienda y seguridad pública. “Por lo cual, los tribunales deciden qué derechos hacer vigentes y cuáles no”, dijo.
Enfático, ofreció una ruta importante a los jóvenes reunidos en el Paraninfo Universitario: “Los abogados pueden hacer mucho por los derechos humanos, los jueces no tanto, pero quien puede hacer más es la gente, son ustedes”, dijo señalándolos.
Azpiazu Castro, quien desde hace año y medio es servidor público y anteriormente fue empresario, compartió anécdotas de solicitudes a la Procuraduría y a jueces de distrito sobre los recursos de institucionalidad impuestos por INAI, y los sujetos obligados de proporcionar información como sindicatos, partidos políticos, personas físicas y morales que ejercen recursos públicos.
También habló de las ventajas de la Ley General de Transparencia y cómo el INAI abrió apartados para el Caso Ayotzinapa, o sobre el territorio y recursos naturales de los pueblos indígenas.
“Se podría pensar que las nuevas leyes de Transparencia –dijo– incomodarían a los funcionarios públicos; sin embargo, los más interesados en que no se conozca su información son los privados relacionados con el gobierno; es decir, por ejemplo, la empresa constructora que gana una licitación. Y así la banca, el sector energético y los particulares están presentando fuertes objeciones a este derecho de información”.
Antes de concluir su charla, Humberto Azpiazu aconsejó no plantearse qué ley vale más, si el derecho a la transparencia o el derecho a la reserva de información, porque ambas valen igual: “Únicamente hay que ponderar el caso concreto y la situación específica”.
Invitó a todos a usar la plataforma tecnológica del INAI para mandar su solicitud de acceso a la información, o en su defecto usar el correo terrestre o llamar por teléfono, ya que este tipo de medios está al alcance de todos y tarde o temprano este derecho alcanzará a todas las comunidades.
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