El Gobierno español instó el miércoles al Ejecutivo catalán a explicar si declaró o no una independencia unilateral, algo que llevaría a la aplicación en cuestión de “días” de medidas de intervención extraordinarias contempladas en el artículo 155 de la Constitución.
“El Consejo de Ministros ha acordado esta mañana requerir formalmente al Gobierno de la Generalitat para que confirme si ha declarado la independencia de Cataluña, al margen de la deliberada confusión creada sobre su entrada en vigor”, dijo el presidente Mariano Rajoy, abriendo por primera vez la puerta a la aplicación de las temidas medidas.
En la víspera, el presidente catalán, Carles Puigdemont, anunció en el Parlamento regional que asumía el mandato para declarar la independencia, pero segundos después pidió una suspensión de la declaración para intentar abrir un cauce de negociación y “desescalar” las tensiones.
“Este requerimiento, previo a cualquiera de las medidas que el Gobierno puede adoptar al amparo del artículo 155 de nuestra Constitución, pretende ofrecer a los ciudadanos la claridad y la seguridad jurídica que requiere una cuestión de tanta importancia”, dijo Rajoy en una breve comparecencia en la que insistió en que buscará el mayor consenso parlamentario.
Rajoy señaló que la respuesta “marcará el futuro de los acontecimientos en los próximos días” y destacó que Puigdemont “tiene la oportunidad de atender al clamor y a las peticiones que desde tantos ámbitos se la han hecho llegar para recuperar la convivencia y seguridad jurídica”.
El requerimiento al presidente catalán es el paso previo para aplicar cualquier medida amparándose en el artículo 155, nunca utilizado en la corta historia de la democracia española y que indica que, si una región no cumple con sus obligaciones o actúa gravemente contra el interés general del país, el Gobierno puede adoptar medidas para su cumplimiento forzoso.
Aunque no detalló qué consecuencias podría tener una contestación negativa, la aplicación de medidas extraordinarias podría propiciar en última instancia la convocatoria de unas elecciones anticipadas en Cataluña de difícil vaticinio, ante la enorme división existente en la sociedad catalana.
El Gobierno central rechaza cualquier negociación mientras las autoridades catalanas no abandonen el terreno de la ilegalidad. En su discurso del martes, Puigdemont justificó el inicio de los trámites para la declaración de la república catalana de acuerdo a una ley regional y un referéndum que fueron suspendidos por los tribunales.
Pese a sus diferencias con el Gobierno conservador del Partido Popular, la principal formación opositora, el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), secundó sin reservas la decisión del Ejecutivo y su defensa del Estado de Derecho.
El líder socialista, Pedro Sánchez, desveló más tarde un acuerdo con Rajoy para que el Congreso debata una modernización y reforma de la Constitución que permita “ver cómo Cataluña se queda en España” dentro del marco legal.
Ciudadanos, la formación liberal que ocupa la cuarta posición en escaños en el Congreso, ha instado en los últimos días al Gobierno a aplicar el artículo 155 para responder a la situación en Cataluña.
Los tres partidos suman 254 diputados en el Congreso, más del 70 por ciento de los escaños de la Cámara baja.
La crisis institucional en la cuarta mayor economía de la zona euro, que ha provocado una fractura en la sociedad catalana y española, se disparó tras el referéndum no autorizado celebrado el pasado 1 de octubre, agitando los mercados y provocando un éxodo de sedes de empresas de la región y un creciente interés internacional por el conflicto.
