Colima.- Este jueves el presidente de la Fundación de Niños Robados y Desaparecidos FIND, Juan Manuel Estrada Juárez, asistió a la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) para ratificar una queja contra los funcionarios públicos que resulten responsables por los actos involucrados en la red de tráfico de menores entre Colima, Jalisco y Aguascalientes. En la PGJE presentó oficialmente la denuncia pero no se entrevistó con la Procuradora.
La queja ante la CEDH fue presentada el martes 24 de enero pasado, entre los puntos se señala el caso omiso por parte de la procuradora de Justicia del Estado, Yolanda Verduzco Guzmán, en torno a las denuncias vía electrónica en la que se señalaba que un grupo de abogados llevaban a cabo procedimientos de adopción internacional en Colima.
Y es que la funcionaria en días anteriores habría expresado que la PGJE no había recibido en sus direcciones oficiales de correo electrónico, mensaje o información alguna, ni que fue presentada alguna denuncia en línea.
Dentro de los apartados de la queja se encuentra que dicha denuncia vía electrónica fue efectuada también a diputados del Congreso del Estado de Colima, quienes hicieron caso omiso.
Además señala que las declaraciones públicas por parte de la procuradora Verduzco Guzmán, son contradictorias, referente a que trabaja en coordinación con el gobierno de Jalisco.
“Cuando el mismo procurador del estado de Jalisco (Tomás Coronado Olmos) reconoce que nunca le aviso a Colima”, expone el documento.
Concluye: “Por lo anterior está claro que alguien ha sido omiso en cumplir una obligación por lo cual le solicito el inicio inmediato de la queja correspondiente por las flagrantes violaciones a mis más elementales derechos y por la falta de probidad y honradez de funcionarios públicos que teniendo conocimiento de la existencia de un delito fueron omisos en a obligación que la ley les impone”.
Había actas
Tras interponer en la Procuraduría General de Justicia del Estado una denuncia formal ante la oficialía de partes por el caso de tráfico de menores en el que se involucra a Colima, Jalisco y Aguascalientes, el presidente de la Fundación Niños Robados y Desaparecidos FIND, Juan Manuel Estrada Juárez, expuso que encontraron un acta abierta por un agente del Ministerio Público y el envío de un oficio que notifica la dependencia de Colima a su homóloga de Jalisco.
“Nos encontramos que había un acta que abrió un agente del Ministerio Público es el 06/2012 que se abrió el 19 de enero de 2012, en virtud de una nota publicada, en la que hago referencia que hay abogados colimenses implicados en la red de tráfico de menores”, dijo.
Añadió que “a raíz de ahí, la PGJE envía el oficio OCP/175 que fue recibido el 25 de enero de 2012, donde le pide a la PGJE de Jalisco le envíe información”.
Estrada Juárez expuso que hay un grave problema, ya que “todo lo que se ha señalado de que la PGJE de Jalisco había avisado a la de Colima es totalmente es falso, aquí pareciera que la PJGE de Jalisco encubre algo y la autoridad de Colima pareciera que no tiene interés de investigar esto”.
Afirmó que aportaron documentos por medios electrónicos, al cual el agente del Ministerio Público al parecer no tenía conocimiento y no conocía la magnitud de lo que pasaba.
Por último informó que cuando interponía la denuncia, un agente de procuración de Justicia lo buscó para que fuera a la reunión con la procuradora, Verduzco Guzmán, sin embargo le dijo que no tenía interés de hablar con ella.
“Ella me llamó de mentiroso y cuando una autoridad abusa y señala a un ciudadano como mentiroso, (yo) no estoy dispuesto a tolerar ningún acto de ese abuso de poder”, concluyó.
La denuncia expone que hay 30 personas de Irlanda, funcionarios de colima y Jalisco involucrados en la red de tráfico de menores.
Dirigente de FIND no se reúne con procuradora; sólo presenta denuncia por caso de tráfico de menores
A pesar de que el presidente de la Fundación Niños Robados y Desaparecidos FIND, Juan Manuel Estrada Juárez, había señalado que se reuniría este día con la procuradora de Colima, Yolanda Verduzco Guzmán, no lo hizo, se limitó a presentar la denuncia formal en la oficialía de parte por el caso de tráfico de menores, argumentando que nada tiene que platicar con la funcionaria.
La reunión se tenía contemplada esta mañana donde se expondrían datos relacionados sobre la presunto red de tráfico de menores en la que están vinculados Jalisco, Colima y recientemente Aguascalientes.
En las instalaciones de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Colima, el activista social señaló que solamente interpondrá la denuncia para aportar la información que tiene y continúen las investigaciones del tráfico de menores que se evidenció en Jalisco y en el que se involucra al estado colimense.
“No tengo nada que hablar con ella (procuradora) y me sumo a los señalamiento de las demás voces que hay en Colima, de que debe hacerse una investigación imparcial, porque señalo a Ministerios Públicos adscritos a juzgados en materia familiar como copartícipes de esto y autoridades del DIF del estado de Colima que han participado en esto”, dijo.
El activista social interpuso, con una serie de documentos, la denuncia formal ante la oficialía de partes.
Afirmó que no es posible como el licenciado Carlos López señale que tiene diez años haciendo adopciones en Colima y nadie se haya dado cuenta de lo que pasaba.
Este jueves, con información del corresponsal en Jalisco, AFmedios publicó que ayer miércoles se aseguró a otro menor de edad, con los que ya suman 11, de los cuales 6 tenían signos de haber sido abusados sexualmente.
Señala que algunas instancias pudieran estar involucrados en la falta de cuidado en el proceso de adopción como los ministerios públicos, pero no mencionó ni dio nombres, así como los abogados colimenses Manuel Solís Zamora y Luis Humberto Alcántar.
“Parecieran que las procuradurías (Jalisco, Colima, Aguascalientes) tienen temor a abordar estos temas… indudablemente estamos ante una red de tráfico de menores y lo más lamentable es que estamos frente a una red de pedofilia”, afirmó en entrevista con los Medios el presidente del FIND.
Expresó que el cerebro de las adopciones ilegales está en Jalisco pero el corazón está en Colima.
“Aquí (Colima) es donde más adopciones se han hecho, y es muy raro que los agentes del Ministerio Público y el DIF no se hayan percatado que una persona y unos abogados de Colima estén haciendo adopciones aquí y no hayan dado vista a Jalisco para ver que estaba pasando”.
Añadió que hubo engaños, sustracción de menores y a las madres de familias les engañaban que les hacían firmar pagarés que no podían pagar, cuya forma era para coaccionarlas para que dieran su consentimiento a una adopción totalmente viciada.
Estrada Juárez apuntó que posteriormente arribaría a la Comisión Estatal de Derechos Humanos, para presentar las quejas.
“No estamos inventando nada, no estamos satanizando a las procuradurías, estamos señalando hechos y pedimos que se investigue, hechos con documentos, los nombres de estos abogados no los saque ni invente, son señalamiento que el mismo Carlos López dijo en una declaración que por escrito me entrego”, puntualizó.
De acuerdo a las investigaciones de FIND y a una denuncia presentada ante la PGR, se ratificó con documentos públicos y privados que los extranjeros (irlandeses) reconocían que pagaron 23 mil euros.
“Estamos ante una cadena de mentiras y complicidades en todo esto. Aquí hay muchas autoridades, mucho dinero, estos trece irlandeses les cobrarían 23 mil euros, que son pago de 300 mil euros casi 6, 7 millones de pesos que se repartían entre todos, coyotajes, los que conseguían, y abogados que participaban aquí”, expuso.
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