Ciudad de México.- La nueva titular del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), Nadine Gasman aclaró que los refugios para mujeres violentadas y sus hijos continuarán en funcionamiento pero ahora serán supervisados por el Estado y no por particulares.
Al presentar las acciones emergentes para garantizar la integridad, la seguridad y la vida de las mujeres y niñas en México, la secretaria de Gobernación , Olga Sánchez Cordero detalló que en el país existen al menos 70 refugios, pero sólo 20 tienen las condiciones idóneas.
“Se va a comprometer los tres niveles de gobierno, sobre todo los municipios, para que efectivamente actúen en esta política de prevención y de refugio para las mujeres violentadas.”
Las acciones fueron divididas en cinco rubros: prevención, justicia, atención, reformas legales y rendición de cuentas, de manera que se de un tratamiento integral a este problema que cobra la vida de nueve mujeres al día.
Prevención
La titular de Inmujeres explicó que comenzarán acciones coordinadas en las 17 zonas prioritarias del país, entre las que se encuentran cuatro municipios de Colima, pues identificaron “un traslape de violencia”, es decir que los actos violentos que afectan la zona inciden en la violencia de género ejercida hacia las mujeres.
Por lo tanto establecerán acciones para reducir feminicidios y desapariciones, fortalecerán la coordinación entre autoridades locales y federales, recuperarán espacios públicos libres de violencia, darán seguimiento y vigilancia a lugares de hospedaje.
Aunado a ello se desarrollarán aplicaciones tecnológicas para mejorar el nivel de respuesta ante emergencias y crear una base de datos para que las mujeres puedan identificar zonas de alto riesgo, además de las campañas permanentes que abordan el derecho de las mujeres y niñas a una vida libre de violencia.
Nadine Gasman también detalló que se trabajará de manera coordinada con las escuelas y el sector salud para identificar el maltrato infantil.
Justicia
En el área de impartición de justicia se auditarán todos los casos de feminicidio, violencia sexual, violencia familiar y desapariciones a fin de identificar las líneas de investigación y problemas estructurales.
A su vez se impulsarán herramientas para la investigación con la debida diligencia en los casos de violencia contra las mujeres buscando homologar la investigación del feminicidio, las órdenes de protección y todos los mecanismos de protección de las mujeres con estándares de las sentencias de la SCJN.
Atención
Se aplicarán paquetes de servicios esenciales para las víctimas, que incluyan áreas de protección y seguridad (refugios), salud, procuración de justicia y empoderamiento económico, con el objetivo de solventar las condiciones de riesgo y vulnerabilidad en la que viven dichas mujeres.
Se integrará un padrón con las víctimas indirectas, especialmente con hijos menores de edad, así como con los dependientes económicos de las mujeres desaparecidas, para dar acompañamiento a los afectados.
Alerta de violencia de género
Se va a revisar la aplicación de la Alerta de Violencia de género contra las mujeres en los 17 estados en la que actualmente la tiene decretada, entre ellos Colima.
Se creará un mecanismo de seguimiento y evaluación del cumplimiento de las medidas que señala la Alerta, basado en las recomendaciones dictadas por el El Comité para la Eliminación de la Discriminación Contra la Mujer («CEDAW» por sus siglas en inglés).
Y se integrará un cuerpo técnico, conformado por expertos, activistas y personas de la sociedad civil que permita realizar investigaciones eficientes de las solicitudes presentadas.
Reformas legislativas
Se pretende reformar la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de violencia, fortalecer la supervisión de escuelas y sector salud en caso de víctimas de violencia, reformas para sancionar a servidores públicos omisos o negligentes.
También se buscará avanzar en la adopción de un código penal único para homlogar los delitos que se cometen contra las mujeres.
Rendición de cuentas
Todos los planteamientos anteriores serán evaluados de manera mensual con informes de avances, retos y obstáculos del plan emergente para atender la violencia contra las mujeres.
Acceso a un aborto legal y seguro
Sin ahondar sobre la aprobación o no del acceso a un aborto legal y seguro hasta las 12 semanas de gestación, la secretaria de Gobernación explicó que se busca la no revictimización ni recriminalización de las mujeres que han sufrido abortos de manera espontánea y evitar encarcelamientos por esta causa.
“Los estados son soberanos, lo congresos locales expiden las leyes y las normativas de acuerdo a la realidad de cada uno de los estados. Si en un momento determinado se puede tener un código penal único, ahí podría establecerse -de acuerdo con la representación popular que se tiene dentro de la cámara de diputados y la de senadores- la posibilidad de no criminalizar a la mujer por abortar.”
Sánchez Cordero insistió que negar el acceso de la mujer a decidir es un tema de violencia de género y discriminación. “Esto no es un tema de aborto, es un tema de criminalización, es un tema de privación de la libertad.”
Trabajo con hombres
Por su parte la titular de Inmujeres detalló que uno de los puntos a tratar será la construcción de nuevas masculinidades y talleres con hombres para manejar el enojo, puesto que son ellos los principales ejecutantes de la violencia contra las mujeres.
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