Colima.- A través de un comunicado, la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA), denunció que las acusaciones de la delegada de la Procuraduría Agraria de Colima, María Elena Díaz Rivera, ponen en riesgo la integridad física y moral de los integrantes de la organización Bios Iguana AC.
La delegada Díaz Rivera acusó en las últimas semanas, ante los medios de comunicación y directamente a los activistas, de presionar a los comuneros, de extorsión, de robo de recursos, de tener “sembradíos”, de traer gente de “Michoacán, Chihuahua y Puebla», así como de tener intereses de tierras comunales.
Además, el día viernes 21 de febrero, durante la manifestación pacífica que realizaban los comuneros a las afueras de la Procuraduría Agraria, personal de esta Delegación violentó física y verbalmente a tres integrantes de Bios Iguana, hecho que ya fue denunciado ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Colima.
Ante todo ello, la Red Mexicana de Afectados por la Minería, solicita urgentemente medidas cautelares para la comunidad de Zacualpan y para la organización de Bios Iguana AC. a fin de garantizar la seguridad de los comuneros y de los integrantes de la Asociación Civil.
“Consideramos que una investigación y auditoría solicitada por la comunidad y el nuevo Comisariado Ejidal en el cual ahora participan mujeres, sobre los recursos que las distintas dependencias canalizaron al ex comisariado ejidal durante su gestión, ayudaría a despejar sospechas de conflictos de intereses y deslindar responsabilidades”, señala el comunicado.
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