Renuncias y propuestas

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Por:  Rubén Pérez Anguiano*

La renuncia del ministro Zaldívar y el proceso de aprobación del Senado arañó el límite de las previsiones establecidas. De acuerdo con la Constitución (si es que todavía le importa a alguien la Constitución) las renuncias de los ministros “solamente procederán por causas graves”, las cuales, como es obvio, no se dan en este caso.

La presidenta de la comisión de Justicia del Senado, Olga Sánchez Cordero, arrojó verdaderas perlas de sabiduría jurídica para justificar la renuncia del ministro. Entre ellas:

  • Señaló que “no existe un catálogo que establezca cuáles son las causas graves”
  • Dijo que “las causas graves están sujetas al criterio de quien renuncia y del presidente de la República”
  • También defendió los derechos del ministro “al libre desarrollo de la personalidad” y a la “libertad de trabajo”
  • Afirmó, además, que “no se puede obligar a un individuo para permanecer en un cargo publico en contra de su voluntad”
  • Y, por si fuera poco, aclaró que “nadie debe ser constreñido a ejecutar un trabajo forzoso u obligatorio”.

Dios, se necesitaría mucha plasticidad en la noción del derecho para aceptar ese catálogo de leguleyadas.

Zaldívar, en realidad, renuncia antes de tiempo para incorporarse a un proyecto político-electoral y de paso (o quizás de fondo) deja abierto el camino para que el presidente de la República pueda ejercer un nombramiento, que de otra forma quedaría en poder del siguiente o la siguiente titular del Poder Ejecutivo.

El problema es que un ministro no debería jugar así con las posibilidades jurídicas y políticas de su propia responsabilidad. No se debería abdicar tan fácil, tan a la ligera, a lo que debería representar la cima de una trayectoria, como si fuera un simple cargo intercambiable por otra cosa. Las altas responsabilidades deben respetarse, tal y como debe respetarse el propio nombre.

Aquí cabe una reflexión que se olvida en nuestros tiempos: antes de luchar por una posición pública el aspirante o la aspirante deberían preguntarse para qué la desean. Si sólo existe por respuesta la ambición o el cumplimiento de una vanidad, el resultado será lamentable.

Vemos a cada momento ejemplos así: personas que acceden a una responsabilidad pública sin saber muy bien qué hacer con ella. Quizás sea el caso de Zaldívar, que tan fácil renuncia a lo que debió honrar hasta el último momento.

Lo peor es que la terna propuesta por el presidente Andrés Manuel no parece cumplir con las exigencias del caso. Un presidente debería presentar lo mejor dentro de sus posibilidades, es decir, candidatos o candidatas inobjetables desde todo punto de vista, perfiles idóneos que no sólo cumplan con los requisitos normativos, sino que gocen de algo vital: legitimidad.

La legitimidad es algo más profundo que la simple legalidad. Es poseer prendas reconocidas para acceder a la responsabilidad deseada. Sin ese requisito esencial todo se vulgariza, pues no se trata de que alguien cumpla los requisitos, sino de que sea idóneo para alcanzar las expectativas.

La terna en cuestión exuda compromiso con el presidente y cumple los requisitos normativos, pero nada más. Las tres personalidades propuestas no logran alcanzar la necesaria legitimidad. No dan el ancho, pues.

Podrá decirse que lo importante es lo legal, pero en la función pública eso no lo es todo. Se necesita algo más. Pero, en fin, en algunos momentos lo que inclina la balanza son los fines inmediatos y nada más, como si la historia no importara.

Eso, la misma historia, sabrá juzgarlo.

 

*Rubén Pérez Anguiano, colimense de 55 años, fue secretario de Cultura, Desarrollo Social y General de Gobierno en cuatro administraciones estatales. Ganó certámenes nacionales de oratoria, artículo de fondo, ensayo y fue Mención Honorífica del Premio Nacional de la Juventud en 1987. Tiene publicaciones antológicas de literatura policiaca y letras colimenses, así como un libro de aforismos.