Por reportar la pavimentación de calles inexistentes, pagar adeudos a proveedores con asfalto donado por PEMEX para pavimentar vialidades y adjudicar de manera directa 4.9 millones de pesos de obras sin previa licitación, el Congreso del Estado sugirió sanciones a Domingo Ortega Robles, ex director de Obras Públicas en la pasada administración municipal panista de Manzanillo.
El Congreso del Estado calificó con observaciones en materia de responsabilidades la cuenta pública del segundo semestre de 2009, sugiriendo la sanción a Ortega Robles, consistente en destitución con inhabilitación hasta por seis años para desempeñar cargos en el servicio público estatal y municipal; así como una sanción económica directa por 11 millones 781 mil 669 pesos.
Por la adjudicación de manera directa de 4.9 millones de pesos a obras sin previa licitación, el ex funcionario habría incurrido en violaciones a la Ley Estatal de Obras Públicas, lo que generó sobreprecios con un daño a la hacienda municipal.
Entre las irregularidades plasmadas en el dictamen destaca que se solicitó a Pemex la donación de mil 500 toneladas de cemento asfáltico para la pavimentación de diversas calles.
Sin embargo, 8 de las calles que se pretendían pavimentar no existen y las mil 500 toneladas de asfalto fueron utilizadas indebidamente para otro fin.
El dictamen presentado por la Comisión de Hacienda y Presupuesto señala que las mil 500 toneladas de asfalto donadas por Pemex, se usaron para el pago de adeudos a la Constructora Villa de Colima por obras realizadas, sin que dichas obras hayan sido registradas, autorizadas, presupuestadas, programadas, adjudicadas y contratadas.
Otra irregularidad detectada en la cuenta pública de Manzanillo, es la programación de pavimentaciones en calles ya pavimentadas.
También se erogaron recursos para equipamiento y electrificación de un cárcamo en la comunidad de Campos, el cual nunca funcionó por omisiones en el catálogo de obra y por no haberse gestionado los permisos y pagado los derechos correspondientes, considerándose un gasto en vano.
En Tecomán, el dictamen de la cuenta pública presenta observaciones en materia de responsabilidades, determinando una amonestación pública al ex director de Protección Civil Municipal, Jorge Armando García Martínez, por no haber llevado a cabo las medidas de custodia de las láminas de asbesto pertenecientes al programa de mejoramiento de vivienda.
Se reportó un faltante de 3 mil 539 láminas de asbesto, las cuales desaparecieron de una bodega municipal y por ello, el Ayuntamiento de Tecomán presentó una denuncia por robo contra quien resulte responsable, el 13 de octubre de 2009.
El dictamen, votado con 17 votos a favor, siete en contra y una abstención, no contempló sanción de reparación del daño a Jorge Armando García, en virtud de que dicha sanción ya fue solicitada por la Representante Legal del Ayuntamiento de Tecomán, al interponer denuncia contra quien o quienes resulten responsables ante el Agente del Ministerio Póblico de dicho Municipio.
En la cuenta pública de Villa de Álvarez, el dictamen de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos sugirieron sancionar con amonestación pública y multar económicamente con 45 mil pesos al ex regidor panista Bernabé Ceballos Virgen, por haber recibido de manera ilícita recursos durante los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2009, cuando ya no ejercía el cargo.
El síndico y el resto de regidores recibieron también cada uno 22 mil 500 pesos durante octubre, noviembre y diciembre pasados por concepto de gasto de gasolina y telefonía, pero al haberlos regresado a la hacienda pública municipal, los ex funcionarios quedaron exentos de sanción.
La sanción sugerida a Ceballos Virgen por 45 mil pesos es el equivalente a dos tantos de los beneficios obtenidos ilícitamente; un tanto por la devolución del recurso allegado indebidamente para gastos de gasolina y telefonía celular, y otro tanto por concepto de sanción.
Las cuentas públicas de los municipios de Armería, Coquimatlán, Colima, Cuauhtémoc, Ixtlahuacán, Comala y Minatitlán, y la del Gobierno del Estado fueron aprobadas sin observaciones en materia de responsabilidades.
