Colima.- El secretario general del CDE del PAN, Enrique Michel Ruiz, consideró que tiene un sesgo político el resolutivo de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), en el que consigna al dirigente estatal de ese organismo político, Jesús Fuentes Martínez, y a un abogado de Jorge Luis Preciado Rodríguez, por falsificación de pruebas.
Esta misma instancia judicial consigna al ex secretario de Desarrollo Social (Sedescol) del estado, Rigoberto Salazar Velasco, por coacción del voto y al ex dirigente del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) Arturo Escobar, por delitos electorales; sin embargo, estos considera que sí son procesos judiciales, aunque en el caso del verde, asegura es una resolución tardía.
Luego de que la Fepade emitió el comunicado en el que se pide al juez analice la solicitud de orden de aprehensión en contra de los mencionados, se buscó en las instalaciones del Comité Directivo Estatal a Fuentes Martínez, sin embargo no fue posible localizarlo, así mismo se le insistió en varias ocasiones vía telefónica pero no contestó.
Michel Ruiz, quien sí se localizaba en el CDE, refirió que primero se tendrá que ver en qué términos viene el resolutivo y en función de eso, el equipo jurídico trabajará para tomar las medidas pertinentes.
“Vamos a sacar adelante a nuestro líder estatal y al o los abogados, que desconozco en qué términos viene el resolutivo de la Fiscalía Especializada”.
Con relación a la elección para gobernador de Colima, la Fiscalía ejerció la acción penal en contra de un secretario del gobierno estatal de la anterior administración, por ejercer supuesta coacción del voto hacia sus subordinados, en favor de un partido político.
Dicha acción constituye un ilícito electoral en términos de la Ley General en Materia de Delitos Electorales, en su artículo 11 fracciones I y II, así lo establece la «Fracción I.
En el contexto de la misma elección, sobre la indagatoria relacionada con la alteración del listado nominal en el estado de Colima, previsto en el ordinal 13 Fracción II de la citada Ley, también se ejerció acción penal en contra de abogados de quien fuera candidato a gobernador en los pasados comicios.
“Qué peligroso que se tomen estas decisiones de tipo político, en lugar de jurídico”.
La Fepade establece que el Juez tiene diez días, contados a partir de la radicación del expediente, para ordenar o negar la orden de aprehensión.
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