Ciudad de México.- El Servicio de Administración Tributaria (SAT) dio a conocer que presentará el primer paquete de denuncias en contra de 43 empresas factureras, es decir, aquellas que emitían facturas falsas o de operaciones simuladas para evitar pagar impuestos.
Raquel Buenrostro Sánchez, jefa del Servicio, indicó que en este primer paquete de denuncias se observaron operaciones por 93 mil millones de pesos, de los cuales 55 mil 125 millones de pesos debieron ser entregados al SAT, pero no se hizo.
De este monto correspondería al SAT 24 mil 583 millones de ISR y 11 mil 396 millones de IVA, los cuales ya no podrán recuperarse. Sin embargo, se buscará recuperar 19 mil millones de pesos de impuestos retenidos que no fueron entregados.
“Hay muchas empresas que contratan aparentemente personas que venden servicios de honorarios. Les pagan y retienen el ISR, ese tampoco lo pagaron, son 19 mil millones de pesos”.
La funcionaria explicó que algunas de las 43 factureras ya están publicadas en el Diario Oficial de la Federación, pero otras aún son presuntas y tienen investigaciones de defraudación fiscal y lavado de dinero.
Buenrostro detalló que este mismo martes se presentarán siete querellas ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra los grupos que realizaron este fraude fiscal.
Por otro lado, se detalló que estas empresas estaban relacionadas entre sí, pues algunas compartían representantes legales o accionistas, además de que otras compartían 244 clientes que recibieron salarios asimilados, los cuales invierten en dos o más empresas.
Se detectaron aproximadamente 8 mil contribuyentes que contrataron a estas empresas facureras, pero no todas tenían conocimiento de las estrategias de evasión de impuestos, por lo que el Gobierno Federal les dará “el beneficio de la duda” y les permitirá ponerse al corriente en sus pagos.
A todos los contribuyentes involucrados, se les contactará mediante una carta a través del buzón tributario o una notificación personal, para que se regularicen en sus impuestos.
Carlos Romero Aranda, procurador fiscal de la Federación, detalló que la regularización deberá hacerse en un periodo no mayor a tres meses, si no, también se formularán querellas en contra de las empresas que no muestren interés en poner al corriente su situación.
“En caso de que no se regularice, se tomarán otras acciones porque el SAT dará vista a la Procuraduría Fiscal”.
El funcionario señalo que las querellas que se presenten cubrirán dos delitos: la evasión de impuestos y el lavado de dinero. Recordó que con la reforma a la ley, la defraudación fiscal tiene una pena de hasta nueve años de prisión y si esta está vinculada con la delincuencia organizada, la pena pudiera ser de hasta 16 años, con decomiso de bienes.
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