En el informe “Culpables conocidos, víctimas ignoradas: tortura y malos tratos en México”, la organización se refiere a los reportes de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que en 2007 recibió 392 quejas de estas prácticas y para 2012 la cifra aumentó a mil 669, dando un total de 4 mil 841 casos. De éstos, 110 fueron por tortura y el resto por malos tratos.
Noventa por ciento de las quejas fueron presentadas contra policías estatales y municipales. Las entidades con más denuncias son Chihuahua, Coahuila y Baja California, entre otros; sin embargo, Amnistía Internacional centró sus críticas en el gobierno de Felipe Calderón.
“La administración del presidente Calderón se ha desentendido en la práctica de la epidemia de tortura que hemos visto extenderse por todo México”, expresó Alberto Herrera, director ejecutivo de AI en México.
“Se ha ignorado o marginado la protección de los derechos humanos en favor de la estrategia del gobierno de lucha militarizada contra la delincuencia organizada y los cárteles de la droga”, enfatizó.
La presentación del informe se realizó en el museo Franz Meyer en una conferencia a la que también asistieron el especialista en derechos humanos Jacobo Dayán y la abogada Silvia Vázquez, así como familiares de víctimas de violaciones a derechos humanos.
En el informe, la organización hace una serie de recomendaciones para evitar que aumenten los casos de tortura, sobre todo los cometidos por fuerzas militares.
Entre ellas, destaca la creación de una base de datos nacional sobre denuncias, procesamientos y sentencias condenatorias por tortura y malos tratos, así como el establecimiento de una unidad especial dentro del gobierno centrada en el reforzamiento de las medidas para combatir la tortura.
Amnistía enfatizó que el primer paso para disminuir estas acciones es la investigación de los casos y el castigo a los responsables.
“La impunidad de los militares y la policía, así como de altos cargos públicos, no solo ha negado a las víctimas y sus familiares el acceso a la verdad, la justicia y la reparación, sino que también ha consolidado la extendida creencia de que jamás se hará rendir cuentas a los autores de graves violaciones de derechos humanos, lo que ha fomentado un clima de impunidad en la actual crisis de seguridad pública”, indicó en un texto.
“La única forma de abordar la tortura y los malos tratos es garantizar que se investiguen debidamente todos los casos”, añadió.
El informe destacó que, según el INEGI, entre 2006 y 2010 hubo un solo proceso y ninguna sentencia condenatoria por tortura en la jurisdicción federal.
En el mismo periodo hubo 37 procesos y 18 sentencias condenatorias por tortura.
Además, reportes de la PGR señalaron que de 2008 a 2011 fueron abiertas 58 investigaciones preliminares por tortura; en consecuencia, fueron dictados cuatro autos de acusación formal.
Por ello, Amnistía Internacional pidió al presidente electo, Enrique Peña Nieto, que presente un plan con medidas concretas para combatir los malos tratos y la tortura.
“Claro que es algo que nos preocupa, pero tenemos que pedirle que rinda cuentas… No queremos retórica, sino acciones concretas”, puntualizó.
Con información de Milenio
