Colima.- Rafael García Rincón, presidente del Supremo Tribunal de Justicia de Colima, dijo que de encontrar elementos contundentes, se investigaría a la juez tercera Mercantil, Ernestina Arroyo Brizuela, quien participó en el proceso para autorizar el desalojo de las viviendas de Villa Izcalli, en Villa de Álvarez.
En entrevista, dijo que habrá disposición del pleno para hacer la investigación que corresponda, sin embargo, dejó en claro que su posicionamiento es de total respeto a la determinación de la juez y que no hay elementos que respalden una posible actuación ilegal de su parte.
“No tenemos datos que justifiquen esa posibilidad, respetamos las expresiones que puedan darse pero si hay un señalamiento específico, respecto a la actuación de cualquier servidor, estaríamos atentos a investigarlo”.
Dijo que dependiendo de cada caso, los colonos aún tendrían la posibilidad de apropiarse legalmente de las viviendas en que habitan.
“Puede haber algún recurso ante alguna sala del supremo tribunal o según el momento procesal, la posibilidad de un amparo indirecto, pero eso es cuestión de evaluar por el abogado que corresponda”.
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revio a ello, Martha Zepeda del Toro, delegada especial del PRD en Colima y quien ha defendido a las familias afectadas, anunció la presentación de un recurso de responsabilidad en contra de la actuación de la juez y del secretario Javier García Cuenca, quienes dijo, materializaron los desalojos.
“Se presume que están actuando de manera ilegal contraria a derecho en el desempeño de su función jurisdiccional (…) Las familias no fueron llamadas a juicio, no se les respetó el derecho de audiencia y se les está privando de la noche a la mañana de diferentes derechos”.
Negó que se trate de un asunto de particulares, y pidió nuevamente la intervención del gobernador, José Ignacio Peralta.
Por su parte, Alejandra Santana, una de las personas que han sido desalojadas, afirmó que desde hace 17 años, cuando quebró la constructora que les vendió las casas, buscaron a quién pagar el dinero restante, pero que nunca encontraron a quién dirigirse.
“No había a quién demandar un juicio en el que nosotros pudiéramos solucionar el problema en el que estábamos, y ahora no fuimos ni oídos ni vencidos en el juicio, nunca se nos notificó nada, cuando nosotros en muchas ocasiones quisimos arreglar el problema”.
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