Colima.- Francisco Javier Castaño Suárez, secretario de Seguridad en el estado, pidió a los diputados locales legislar y gestionar para contar con un helicóptero «que realmente nos sirva» así como actualizar la tecnología del C4.
Durante su comparecencia en el Congreso del Estado como parte de la glosa por el primer informe del Gobernador José Ignacio Peralta, el funcionario respondió a los cuestionamientos de los diputados sobre la inseguridad, especialmente por los robos a casa-habitación, a comercios, de autos y homicidios dolosos.
Le preguntaron qué ha ocurrido con los 505 millones de pesos aprobados para el rubro de seguridad en el 2016 y que representaron un incremento del 25 por ciento conforme al año anterior.
En respuesta, Castaño Suárez dijo que aunque los delitos se mantienen, han disminuido en comparación con el mes más álgido del año en curso. Por ejemplo, de abril a octubre se pasó de 72 a 40 homicidios; la extorsión pasó de 12 a dos casos de julio a octubre y el robo de vehículos de 209 en enero a 104 en octubre.
«Tenemos una Secretaría que lo único que nos dejaron fue una estructura disfuncional y no con la capacidad para hacer la tarea que debemos».
Afirmó que en los tres meses que lleva al frente de la dependencia, ha realizado una reestructuración de la misma y se ha incrementado la capacitación a los elementos.
Informó que en todo el estado sólo sirven 32 cámaras de videovigilancia y que el helicóptero del Gobierno del Estado está descompuesto, aunado a que «se valora» la viabilidad de arreglarlo.
«Está descompuesto de una bomba hidráulica que cuesta 15 mil dólares, se está viendo la conveniencia de adquirirla (…) Se están haciendo estudios para contar con un helicóptero que realmente nos sirva».
Pide apoyo a legisladores
Castaño Suárez llamó a los legisladores para armonizar las leyes que les permitan «trabajar mejor».
Entre estas, mencionó la necesidad de legislar para castigar a las casas de empeño que comercialicen productos robados, pues aunque se han detectado casos de este tipo, dijo que la policía no puede actuar porque el producto es adquirido «de buena fe».
Lo mismo para la compraventa de metales como cobre y hierro.
A la par, aseguró que los tiempos de respuesta de las patrullas se ha reducido a siete minutos y que cuando la prensa le solicita información, la otorga con facilidad.
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