México.- El Pleno del Senado de la República aprobó con 80 votos a favor, 19 en contra y cuatro abstenciones las modificaciones propuestas por el Ejecutivo federal a diversos artículos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y que forman parte de la legislación reglamentaria para el combate a la corrupción.
Con lo anterior, ya no será obligatoria la declaración patrimonial y de intereses para empresarios, becarios y beneficiarios de programas sociales.
Los senadores respaldaron, en lo general y lo particular, los cambios a los artículos 3, 4, 27, 30, 32, 33, 37, 46, 73 y 81, pues consideraron que la obligación impuesta a los particulares para presentar sus declaraciones patrimonial y de intereses, resulta “innecesaria”.
Lo anterior, debido a “que permitir a las autoridades conocer la información de las declaraciones de los particulares no constituye el único mecanismo efectivo para combatir la corrupción”.
Es por ello, que el Pleno acordó modificar el artículo 32, con el objetivo de eliminar del texto de este ordenamiento la obligación, de cualquier persona física o moral que reciba y ejerza recursos públicos, de presentar su declaración de situación patrimonial y de intereses.
En el dictamen se precisa que de no modificar los artículos observados se aplicaría dicha obligación de manera discriminada a personas que reciben beneficios de programas sociales, estudiantes que gozan de becas de entidades públicas, o bien personas físicas que prestan servicios a empresas con cualquier tipo de contrato público.
Asimismo, se subraya que la obligación de presentar declaraciones de situación patrimonial y de intereses, podría afectar la vida privada de las personas, poniendo en riesgo otros derechos como la vida, la seguridad, la salud y la libertad personal.
No obstante, se deja claro que estos cambios no implican que los particulares no deban someterse a reglas legales en las relaciones que entablen con el Estado, sino que las cargas que se les impongan deben ser racionales, proporcionales y atender a supuestos específicos.
A nombre de la Comisión de Anticorrupción y Participación Ciudadana, el senador Pablo Escudero Morales afirmó que con las modificaciones que propuso el Ejecutivo federal “no se exime, por ningún motivo, a la iniciativa privada, a los contratistas del gobierno, de la responsabilidad que tienen”.
Dijo que las comisiones dictaminadoras redactaron más de cuarenta artículos relativos al papel que en el combate a la corrupción debe tener la iniciativa privada y se incluyó, dentro de sus obligaciones, un capítulo específico donde se consideró su manual de procedimientos, así como sistemas adecuados y eficaces de control vigilancia y auditoría.
El presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, Segunda, senador Alejandro Encinas Rodríguez, destacó que el veto presidencial pone en evidencia la premura y la forma lamentable en que en ocasiones se desahogan los temas que corresponden al Poder Legislativo. BP
