México.- El Senado aprobó, con 89 votos a favor, siete en contra y cero abstenciones, la minuta de la Cámara de Diputados por la que se reforma y adiciona la Constitución en materia de disciplina financiera de las entidades federativas y los municipios, estableciéndose reglas y candados para la autorización de la contratación de deuda, lo que incluye la aprobación del Congreso.
El presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, senador Enrique Burgos García, aseguró que existe pleno consenso entre la Cámara de Diputados y el Senado, basado en el entendimiento y los acuerdos, para la aprobación de dichas modificaciones.
Se contemplan, explicó, cuatro grandes elementos significativos: facultades de los Congresos locales para aprobar empréstitos; la fiscalización superior y principio de transparencia y rendición de cuentas, así como nuevas disposiciones para la contratación de deuda por municipios y estados.
AFmedios publicó en su número 28 de su revista mensual ReporteAF, un reportaje sobre el nivel de endeudamiento del estado de Colima y sus municipios, así como el acumulado de deuda en las entidad de todo el país.
El legislador por el Partido Revolucionario Institucional destacó la creación de una Comisión Bicamaral, con facultades para analizar la situación de las entidades federativas y municipios que registren un elevado endeudamiento y requieran la garantía federal para contratar empréstitos y emitir la opinión que estimen correspondiente, con respecto al plan de ajuste que plantee el estado al gobierno federal.
En lo anterior coincidió el presidente de la Comisión de Hacienda, senador José Francisco Yunes Zorrilla, al apuntar que, tras dos años de proceso legislativo, el objetivo es dar total transparencia y garantizar que los empréstitos contratados por estados y municipios sirvan realmente a la inversión y atención de las demandas sociales, con un uso financiero eficiente y racional.
El también legislador del Grupo Parlamentario del PRI recordó que en 2014 el monto del crédito contratado por gobiernos estatales y municipales alcanzó un monto cercano a los 500 mil millones de pesos, al advertir que cuando las deudas rompen con la magnitud de la solvencia y no se aplican en beneficio de la población, se compromete el presente y futuro del desarrollo local, en perjuicio de sus poblaciones Por ello, puntualizó, dentro del orden constitucional se establecen los alcances y principios por los que el Estado debe velar, a fin de mantener condiciones de estabilidad en las finanzas públicas y del sistema financiero, de forma consistente al Plan Nacional de Desarrollo, así como de los planes estatales y municipales.
Entre los principales ejes de esta reforma destaca la creación de candados para impedir actos de corrupción o desvío de recursos, como el que los Congresos locales puedan aprobar sólo con mayoría calificada –dos terceras partes de los legisladores presentes– la contratación de nuevos créditos; se obliga que la reestructuración y reingeniería de deuda se pueda realizar en lo local, sólo si se consideran condiciones de mercado; además, se precisa un proceso por el cual el Ejecutivo federal podrá celebrar empréstitos en favor de las entidades federativas.
En las modificaciones también se incluyen las facultades del Congreso en materia de deuda pública para celebrar empréstitos y otorgar garantías sobre el crédito de la nación; aprobar anualmente los montos de endeudamiento que deberán incluirse en la Ley de Ingresos; analizar la estrategia de ajuste para fortalecer las finanzas públicas de los estados; y expedir leyes en materia de responsabilidad hacendaria, que tengan por objeto el manejo sostenible de las finanzas públicas en la federación, estados, municipios y el Distrito Federal.
Se establece que estados y municipios podrán contratar obligaciones para cubrir sus necesidades de corto plazo, sin rebasar los límites máximos y condiciones que establezca la ley general que expida el Congreso de la Unión.
De igual forma, se amplían facultades de la Auditoría Superior de la Federación y dependencias de fiscalización estatales para los casos en que estados y municipios cuenten con la garantía de la Federación, se revise el destino y ejercicio de los recursos correspondientes; se estipula que los estados y los municipios no podrán contraer obligaciones o empréstitos nuevos y los contratos de refinanciamiento o reestructura deberán realizarse bajo las mejores condiciones del mercado. PAN da su aval, senadores del PRD con voto diferenciado Al fijar el posicionamiento del Partido del Trabajo, su coordinador Manuel Bartlett Díaz, se pronunció en contra de las reformas al considerar que se trata de la repetición de algo que ya había sido discutido y aprobado, sin que se haya tomado en cuenta la desigualdad presupuestal entre la Federación y los estados, ni las responsabilidades de las entidades federativas que impartan a la hacienda pública local.
En lugar de que los senadores busquen el fortalecimiento de los estados, lo que se pretende es fortalecer al Ejecutivo en contra de los estados, afirmó. De los recursos fiscales que recibe la hacienda pública nacional, en el marco del sistema de coordinación fiscal, asigna aproximadamente 80 por ciento de ellos a la Federación y el 20 por ciento a los estados, detalló.
Por el Grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, el senador Juan Gerardo Flores Ramírez, expresó su posicionamiento a favor, al considerar que existe un avance en materia de regulación y estabilidad de las finanzas y del sistema financiero, para que el Estado mexicano cuente con mejores condiciones de crecimiento y empleo.
Además, atiende a un problema de fondo: el “incentivo perverso” que tienen gobernadores y alcaldes para contratar deuda y que no tienen la certeza de cómo se podrá pagar. Subrayó que se faculta al Congreso para legislar en materia de deuda pública y se contará con una comisión bicameral que será una instancia de control del Poder Legislativo.
Por el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, el senador Alejandro Encinas Ramírez estableció que dotar de mayores facultades al Congreso para fiscalizar el ejercicio de la deuda en estados y municipios no es un acto de injerencia en la vida de los estados, sino que se fortalece la labor de fiscalización de los recursos y, en el caso del Senado, para enfrentar el abuso y corrupción en que han incurrido algunos gobernadores.
Para dar total transparencia, conminó al Pleno a comprometerse para que en las leyes de transparencia y acceso a la información establezcan como responsabilidades para el gobierno federal, estados y municipios, la entrega de información relativa a la deuda pública contraída, con el nombre del acreedor, objeto, monto, plazos, tasas de interés y garantías otorgadas; informar de la operación constitutiva de un pasivo directo o indirecto; señalar la deuda con proveedores y la que se contrata a través de contratos de asociaciones públicos y privados, así como la correspondiente a jubilaciones y pensiones.
A nombre del Partido Acción Nacional, el senador Fernando Torres Graciano sostuvo que la regulación del endeudamiento de las entidades es prioridad desde el inicio de la legislatura, y subrayó que el dictamen prevé que los tres órdenes de gobierno vigilarán el manejo de los recursos públicos, obligando a estados y municipios a registrar públicamente las características de los empréstitos contraídos, para mantener un mejor control y fiscalización.
Consideró que se constituyen bases para armonizar las reglas y transparentar la deuda que se contraiga en todas las entidades y municipios; además de que se dan dientes a la Auditoría Superior de la Federación y congresos locales al especificarse sanciones a los servidores públicos que hagan mal uso de los créditos.
Al realizarse las posturas particulares, el senador Mario Delgado, del PRD, se pronunció en contra del dictamen al asegurar que se politizan las finanzas públicas y se anula de facto la autonomía financiera de los estados y municipios, pues se concede a la Secretaría de Hacienda un control político insospechado pues será esta dependencia la que determine de forma unilateral los montos de deuda que puedan contraerse.
Dolores Padierna Luna, senadora también del PRD, se pronunció a favor al afirmar que, tras un largo debate, se establecieron correcciones a la ley, al tiempo de afirmar que los candados impuestos garantizan que sólo se destinaron los recursos de deuda a la inversión, y ni un quinto al gasto corriente.
El senador del PT, David Monreal Ávila, aseveró que la contratación y manejo de deuda pública de estados y municipios no ha beneficiado al pueblo, se ha hecho de una forma irresponsable y desmedida, por lo que indicó que a pesar del intento de mejorar las finanzas de las entidades, la reforma no atiende el endeudamiento de los gobiernos estatales, toda vez que en las entidades donde se presenta un sobreendeudamiento hay desvío de recursos. Por su parte, el senador del PAN, Víctor Hermosillo y Celada, se pronunció a favor del dictamen; dijo que el abuso de algunas autoridades locales debe ser frenado, pues en ciertas entidades prevalecen los caciquismos y, por tanto, estas medidas pueden ayudar a que se controle más el endeudamiento.
