Colima.- La senadora panista Martha Leticia Sosa Govea propuso reformas a la Ley de Coordinación Fiscal a fin de crear un Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Puertos-Ciudades, el cual permita el financiamiento de obras de infraestructura y el mejoramiento de servicios en los puertos del país.
“Se hace necesaria la creación de un rubro dentro del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social que reciben los estados y los municipios denominado Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Puertos-Ciudades, adicionando una fracción C al artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal”, precisó.
En la sesión ordinaria, la legisladora por Colima también planteó la creación del artículo 35 Bis en la Ley de Coordinación Fiscal para incrementar las formas de financiamiento que regularán dicho Fondo de aportaciones.
“Al regular las aportaciones buscamos que los recursos a aplicar provengan de las contraprestaciones que pagan mensualmente las Administraciones Portuarias Integrales (APIs) a la Federación, siendo distribuido de manera proporcional a lo aportado y enterado mensualmente por la Federación a los estados y, por conducto de éstos, a los municipios”, agregó.
Esta iniciativa, remarcó, no conlleva ningún gasto presupuestario adicional y sólo impulsa una nueva propuesta de distribución de los recursos que contribuya al fomento de la cooperación institucionalizada del Gobierno Federal en la economía municipal, para la realización de obras de infraestructura en los municipios portuarios en los que se asientan las 24 Apis del país.
“Las APIs no serán afectadas en sus finanzas debido a que el fondo se integrará con un porcentaje aplicado de las contraprestaciones que se le pagan mensualmente a la Federación, sin causar perjuicio alguno a la estabilidad en la planeación y el desarrollo económico de los puertos, como está establecido en la actualidad”, subrayó.
Indicó que de acuerdo a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, el Sistema Portuario Nacional está conformado por 114 puertos y terminales habilitadas, de las cuales 56 están en el Océano Pacífico y 58 en el Golfo de México y el Caribe, y de ellos 66 son empleados para tráfico de altura y cabotaje y 48 únicamente de cabotaje.
Sosa Govea refirió que por los puertos se transporta poco más de un tercio del total de la carga del país y la mayor parte del volumen de las exportaciones.
“En los últimos años, los puertos mexicanos han destacado por el elevado crecimiento de volúmenes de mercancías manejadas, por la diversificación de sus actividades y como áreas de oportunidad para nuevas inversiones y generación de empleos en terminales, instalaciones y negocios portuarios, comerciales e industriales.
“México cuenta con puertos que compiten por su eficiencia en la operación de contenedores con puertos líderes en el mundo y muestra avances importantes en la operación de otros tipos de carga, como resultado de notables esfuerzos de inversión por parte del sector público y privado, que han hecho posible que el país cuente con una oferta suficiente para atender la demanda de servicios portuarios por parte de la industria exportadora, comercio interno y, en general, por el aparato productivo nacional”, consideró.
Sin embargo, apuntó que existe una distribución inequitativa para los recursos que se destinan a los municipios puerto-ciudad.
“Al no contemplarse en la Ley de Coordinación Fiscal el hecho de que un ayuntamiento que cuente con un puerto tenga una distribución presupuestaria adicional, estos municipios se enfrentan a características particulares.
“Por ejemplo, los puertos no pagan impuesto predial, ni el correspondiente al suministro de agua, así como tampoco la población se ve directamente beneficiada de las actividades comerciales que se lleven a cabo en ellos, pues la recaudación que de ellas se genera es de competencia federal, dejando al municipio en un estado en el cual una erogación que se pudiera traducir en una inversión o traer beneficios aparejados a su población se establece sólo como un gasto para el mantenimiento del puerto, en perjuicio del municipio y, por ende, de su ciudadanía”, apuntó la Senadora.
Sosa Govea confió en que ningún legislador dejará de reconocer la necesidad de proveer a los municipios de los instrumentos que les permitan ampliar la cobertura y calidad de los servicios que exige la ciudadanía, para incrementar los niveles de vida y cumplir con las responsabilidades que les confieren sus atribuciones constitucionales.
“Por ello, con esta iniciativa buscamos establecer dentro de la Ley de Coordinación Fiscal un fondo adicional, a través del cual se pueda proveer a los municipios de los recursos que les permitan ampliar la cobertura y la calidad de los servicios que exige la ciudadanía, a fin de incrementar los niveles de vida y cumplir con las responsabilidades que les confieren sus atribuciones constitucionales, relativas a satisfacer la demanda de bienes y servicios de la población”, concluyó.
La propuesta de la senadora de Acción Nacional se turnó a las comisiones unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos Primera, para su análisis y dictaminación.
Derechos reservados AFmedios
