México.- Con 83 votos a favor y uno en contra, el Senado de la República aprobó un dictamen para ampliar, por 12 meses más, el plazo establecido para concluir con la evaluación y certificación de los integrantes de las instituciones de seguridad pública.
Los integrantes de las instituciones de seguridad pública, en un plazo de 12 meses contados a partir de la entrada en vigor del presente decreto, deberán obtener la certificación por parte de los centros de evaluación y control de confianza, de lo contrario serán separados del servicio.
Además, los senadores plantearon que el gobierno Federal, los gobiernos estatales y del Distrito Federal hagan las previsiones presupuestales necesarias para cumplir con este objetivo y establecer una partida específica en sus respectivos presupuestos de egresos para el siguiente ejercicio fiscal.
El proyecto de decreto mantiene la obligación del secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública de presentarse ante el Senado de la República para rendir un informe del avance del Programas a los seis meses de que entre en vigor.
El decreto que contenía la obligatoriedad para certificar al personal de seguridad, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 2 de enero de 2009, debido al bajo nivel de certificación en corporaciones estatales y municipales tuvo una prórroga para ampliar el plazo por diez meses, quedando como fecha fatal el próximo 29 de octubre.
El senador Fernando Yunes Márquez, destacó que según el último informe del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, al 30 de junio pasado se habían evaluado a 326 mil 463 elementos estales y municipales, lo que equivale al 63 por ciento del total.
“Actualmente se tienen un avance cercano al 70 por ciento, lo que hace prácticamente imposible cumplir con la totalidad en la fecha fatal. Con esta reforma no se está buscando una salida fácil ni se está dando un cheque en blanco a los gobernadores y al Ejecutivo Federal, pero tampoco se está eludiendo el compromiso de atender la problemática del atraso en la evaluación” expresó el legislador.
El legislador panista enfatizó que la obligación que tienen las autoridades de contar con policías confiables no es una acto de buena fe ni tampoco un capricho de ley sino un mandato constitucional que deben acatar y una obligación con los ciudadanos.
Por el PRI, la senadora Ivonne Liliana Álvarez García, destacó que el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública es fundamental para garantizar un México en paz y en este sentido un reto que enfrentan los tres niveles de gobierno consiste en depurar los cuerpos policiacos.
Por su parte, el senador panista Salvador Vega Casillas señaló que desde enero de 2009 se aprobó la obligación de las instituciones de seguridad pública para evaluarse y certificarse , objetivos que no se han cumplido.
“Mientras que el Congreso discute la certificación, hay mejoras en materia de seguridad en ciudades como Tijuana, Ciudad Juárez y Monterrey, pero delitos como el secuestro y la extorsión están a la alza en el país” expresó Salvador Vega.
A nombre del PRD, la senadora Iris Vianey Mendoza Mendoza coincidió en que se requieren policías confiables, capaces y preparados.
“Llegamos a la conclusión de que este proceso no puede ser a contrarreloj”, dijo la senadora.
Su compañero de bancada, Zoé Robledo Aburto, precisó que si no se aprueba está prórroga podrían ser despedidos alrededor de 190 mil elementos.
Finalmente, la senadora Ana Gabriela Guevara Espinoza, del Partido del Trabajo, reiteró que sería un problema muy grande para el país haber procedido en los términos en los que estaba el plazo actual, esto porque ningún gobierno hubiera tenido la capacidad para indemnizar a tantos elementos y por el colapso en materia de seguridad que se hubiera dado.
El proyecto de decreto, que reforma el artículo Tercero Transitorio y adiciona los artículos Décimo Tercero y Décimo Cuarto Transitorios del Decreto por el que se expide la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, se envió a la Cámara de Diputados.BP
