Ciudad de México.- El Pleno del Senado de la República dio primera lectura al dictamen que ratifica el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), suscrito por las tres naciones el 30 de noviembre de 2018.
El dictamen de las comisiones de Relaciones Exteriores; Economía; Puntos Constitucionales, y de Relaciones Exteriores América del Norte, cuenta con la opinión emitida por la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
El día de ayer martes 18 de junio inició el Segundo Periodo Extraordinario de Sesiones, donde se pretende trabajar para reemplazar al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) con un nuevo acuerdo de alto estándar del siglo XXI.
En 2018, el comercio bilateral entre México y Estados Unidos sumó 559 mil 847 millones de dólares, cinco veces mayor al registrado antes de la entrada en vigor del TLCAN. Las exportaciones de productos mexicanos a ese país se septuplicaron hasta sumar 344 mil 030 millones de dólares en 2018.
Con el T-MEC se fortalece la competitividad de México como plataforma de producción y exportación. Promueve una mayor participación de más industrias y empresas del país en las cadenas globales de valor y fortalece la proveeduría regional.
Logros políticos del T-MEC
Se menciona que uno de los principales logros del T-MEC, es mantener el libre comercio para todos los bienes originarios de la región, por lo que las exportaciones mexicanas de este tipo seguirán gozando del acceso preferencial y continuarán exentas del pago de arancel en los mercados estadounidense y canadiense, se expone en el texto.
Destaca que se logró preservar el compromiso de no aplicar impuestos a la exportación entre las partes, a fin de asegurar abasto suficiente de bienes de consumo, insumos y materias primas de calidad a precios competitivos.
Adicionalmente, el Tratado preserva y actualiza las disciplinas que regulan la aplicación de restricciones a la importación y a la exportación de bienes.
Se evita la aplicación de restricciones a la importación sobre productos mexicanos en los mercados de América del Norte.
Aunado a ello, se preservan las reservas para la aplicación en México de restricciones en materia de hidrocarburos, a efecto de garantizar la soberanía nacional sobre los recursos energéticos en territorio nacional.
También se actualizan las disciplinas aduaneras y se establece la transparencia en los procedimientos de licencias de importación y exportación.
El T-MEC, destaca el dictamen, apoyará el comercio, mutuamente benéfico, y conducirá a mercados más libres y justos, así como a un crecimiento económico sólido en la región.
Reconoce que las pequeñas y medianas empresas contribuyen significativamente al crecimiento económico, del empleo, al desarrollo de la comunidad, a la participación de la juventud y la innovación, por lo que este Tratado les ofrece oportunidades para su crecimiento y fortalecimiento.
Incluye los derechos de los tres países para establecer prioridades legislativas y regulatorias, a fin de proteger objetivos legítimos relacionados con la salud pública, seguridad, protección del medioambiente, conservación de los recursos naturales no renovables, integridad y estabilidad del sistema financiero.
Se destaca que este instrumento comercial tripartita promueve la protección y observancia de los derechos laborales, el mejoramiento de las condiciones de trabajo, así como la cooperación en este tipo de asuntos.
De la misma manera, impulsa la transparencia, el buen gobierno y el Estado de derecho, con el objetivo de eliminar el cohecho y la corrupción en el comercio y la inversión. Además, reconoce la importancia en el aumento de la participación de los pueblos indígenas.
Acceso a Mercado para Productos Automotrices
La renegociación del Tratado estableció que para la comercialización de automóviles en los países de la región, éstos deben cumplir con reglas de origen para que estén libres de arancel. Cabe señalar que éste es el único tratado a nivel mundial que fija reglas de origen para vehículos.
Las reglas establecen que la producción de autos ligeros debe cumplir con un contenido regional del 75 por ciento para comercializarse libremente; y el 40 por ciento del costo del vehículo deberá provenir de plantas que paguen salarios de 16 dólares la hora.
Además, el 70 por ciento del acero y el aluminio que se utilice, debe ser de los socios de la región; y siete componentes principales del automóvil tienen que ser manufacturados en la zona.
Los vehículos y autopartes que cumplan con la nueva regla de origen, seguirán gozando del acceso preferencial, mientras que aquellos vehículos que incumplen con dicha norma pagarán un arancel igual o menor a 2.5 por ciento.
Medida 232, aranceles al acero y aluminio
En lo que se refiere a la llamada sección 232 que fijaba un arancel del 25 por ciento al acero y 10 al aluminio, fueron eliminados del Tratado. No obstante, en caso que Estados Unidos imponga una medida al amparo de la Ley de Expansión de Comercio de 1962, no aplicará la medida a México durante 60 días.
En ese lapso se realizarán consultas para negociar un resultado basado en la dinámica de la industria y patrones comerciales históricos.
Si la medida es incompatible con el T-MEC o los acuerdos abarcados por la Organización Mundial del Comercio, México puede adoptar acciones con efecto comercial equivalente. Adicionalmente, el acuerdo reafirma el derecho de México a impugnar la medida ante la OMC.
Agricultura
El T-MEC mantiene el libre comercio a nivel trilateral para todos los productos agrícolas originarios, por lo que las exportaciones agrícolas mexicanas seguirán gozando del acceso preferencial en los mercados de América del Norte.
Para la exportación de bienes agrícolas se reafirma el compromiso de eliminar los subsidios a las exportaciones, en concordancia con los compromisos asumidos a nivel multilateral en el marco de la Organización Mundial de Comercio (OMC).
Se agregó una sección con disposiciones que buscan fomentar la transparencia y cooperación en el comercio de productos de la biotecnología agrícola. Se mantiene el Comité Agropecuario.
Comercio Digital
Este capítulo señala que el comercio digital propicia el crecimiento económico y genera diversas oportunidades de desarrollo, especialmente para las PYMES, por lo que establece marcos jurídicos adecuados para promover la confianza del consumidor y evitar barreras innecesarias al comercio que se realiza a través de medios electrónicos.
Las nuevas disposiciones propiciarán oportunidades de negocio en el sector de las tecnologías de la información y la comunicación. Incluyen la protección a los datos personales, no discriminación de productos digitales, neutralidad de la red, cooperación en temas de ciberseguridad, gobierno digital abierto, entre otras medidas.
Anticorrupción
Este capítulo busca que las partes establezcan en sus respectivos ordenamientos jurídicos medidas para perseguir delitos como el soborno, cohecho internacional, y peculado cometido por las empresas y autoridades de cualquiera de los tres países socios.
Con estas disposiciones se fortalece el recién creado Sistema Nacional Anticorrupción en México, ya que eleva a nivel de Tratado las obligaciones relacionadas con cohecho, o peculado, integridad de servidores públicos, protección a denunciantes, entre otras.
Telecomunicaciones
En esta materia, el T-MEC pretende impulsar la competencia entre los diversos operadores de este mercado y crear las condiciones necesarias para facilitar el acceso y uso de las redes públicas de telecomunicaciones, generando certeza jurídica para los agentes económicos.
Derechos de Propiedad Intelectual
Se garantizan altos estándares de protección a dichos derechos y previene abusos por parte de los titulares de derechos. Además, impide el uso de prácticas anticompetitivas que restrinjan la transferencia de tecnología.
Revisión del Tratado
El acuerdo comercial establece un mecanismo de revisión y extensión del Tratado con horizontes definidos de largo plazo. Cuenta con una vigencia de 16 años, prorrogables por periodos similares. Las Partes confirman su decisión de mantenerse en el Tratado, a través de su Jefe de Gobierno, de extender el Tratado.
Se realizará una primera revisión conjunta en el sexto año después de la entrada en vigor del Tratado y, si todas las Partes confirman su intención de prorrogar la vigencia del mismo, posteriormente, cada seis años.
Al final de cada revisión, las Partes confirmarán su decisión para extender el Tratado por otros 16 años, de no confirmar se llevará una revisión conjunta. BP
