Cd. de México.- Con la extinción del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que la transparencia y la protección de datos personales no están en riesgo.
Según sus declaraciones, las funciones del INAI serán absorbidas por su administración a través de la nueva Secretaría Anticorrupción y otras dependencias federales, es decir, bajo sus ordenes.
Los argumentos de Sheinbaum
- Consulta ciudadana simplificada.
Sheinbaum aseguró que se implementarán mecanismos para que los ciudadanos puedan acceder fácilmente a información sobre las funciones, gastos y acciones de las secretarías del gobierno federal. - El costo del INAI.
La mandataria justificó la desaparición del instituto argumentando que su costo anual de mil millones de pesos era «indefendible» y que estos recursos pueden ser destinados a otros fines prioritarios. - Vigilancia desde el gobierno.
En su visión, no es necesario contar con organismos autónomos adicionales para supervisar a otros organismos públicos, ya que el propio gobierno puede garantizar la rendición de cuentas.
¿Quién vigila al vigilante?
Pese a las declaraciones optimistas de la presidenta, la desaparición del INAI plantea serios cuestionamientos:
- Pérdida de autonomía.
El INAI era un contrapeso clave que permitía investigar a cualquier poder, incluyendo al Ejecutivo. Ahora, las funciones de acceso a la información y protección de datos quedarán en manos del propio gobierno, lo que genera dudas sobre su imparcialidad. - El papel de la nueva Secretaría Anticorrupción.
La secretaria Raquel Buenrostro, quien encabezará esta dependencia, será responsable de vigilar al propio gobierno. Esto plantea una pregunta que muchos ciudadanos ya responden con escepticismo: ¿estará del lado de los ciudadanos o del Ejecutivo?
Más dudas que certezas
La eliminación del INAI llega en un momento crítico, en el que los organismos autónomos están bajo ataque y el país enfrenta retos significativos en transparencia y rendición de cuentas. Con la desaparición del instituto, los ciudadanos pierden una herramienta clave para exigir información pública y proteger sus datos personales.
La promesa de «más transparencia» suena contradictoria cuando es el propio gobierno quien centraliza las funciones de vigilancia. En un escenario donde «el gobierno vigila al gobierno», la pregunta queda en el aire: ¿quién vigilará a los vigilantes?
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