Por Balvanero Balderrama García balvanero@gmail.com / @Balvanero.B
En la agenda pública se debate el tema de los derechos de las audiencias. Fue introducido por una lectura equivocada, desde mi perspectiva, de los concesionarios de medios privados a una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación -SCJN-.
Lo primero es muy bueno, que los derechos tengan tanto espacio y difusión en diversos medios y canales, excelente, abona a una audiencia empoderada y crítica. Lo segundo llama a la reflexión.
Todas y todos, instituciones y personas, tenemos derecho a disentir, a no estar de acuerdo. Para dirimir esas diferencias está el diálogo, revisar la normatividad vigente -si esto aplica- y argumentar.
Pero no podemos argumentar con falacias o involucrando otros temas sumamente delicados que no tienen que ver con lo que se dirime, buscando confundir. Cito dos cosas que se han argumentado en este diferendo de quienes están en contra de lo que dictaminó la SCJN: alegan censura y atentado a la libertad de expresión. Lo otro que se mencionó en la conferencia de prensa de los medios privados del pasado lunes, es involucrar los asesinatos de periodistas, no tiene nada que ver con lo que se dictaminó.
Insisto, desde mi perspectiva no hay censura porque no se pretende señalar qué decir, y no considero que exista un atentado contra la liberad de expresión porque no se limita a que se diga nada. Lo que se indica, es que se debe distinguir de la noticia y la opinión.
Todo esto lo señala muy claramente la Asociación Mexicana de Defensorías de las Audiencias -AMDA- en su comunicado del pasado lunes: garantizar los derechos de las audiencias no atenta contra la libertad de expresión.
Tampoco es cierto que el Estado pretenda imponer Códigos de Ética y a quienes fungirán en las defensorías de las audiencias. Pretendiendo, de esta manera, seguir con la autorregulación, algo así como juez y parte en algún conflicto con sus audiencias.
En lo que respecta a las defensorías, cada medio seguirá teniendo el derecho de decidir quién asume las defensorías, pero de acuerdo a un perfil que establece el órgano regulador, autónomo, en este caso, y también en todo lo relativo, el IFT.
Este país requiere fortalecer y democratizar sus organismos autónomos, para que asuman el rol que por ley les compete. Ahí están el caso del INEGI, por ejemplo, y el del citado IFT.
El 21 de febrero, el Centro de Litigio Estratégico para la Defensa de los Derechos Humanos -CLEDH- emitió un comunicado; en un párrafo señala:
Dicha resolución -de la SCJN- obliga a los concesionarios a distinguir entre publicidad y el contenido de un programa, así como la información noticiosa de la opinión de quien la presenta. Esto es privilegiar los derechos de las audiencias, que se empoderan frente a dichas empresas.
Si queremos un estado de derecho, las instituciones deben ser las primeras en cumplir aquello que señala la ley.
Es responsabilidad de todas y de todos el abonar a fortalecer nuestro sistema democrático sustentando en los derechos, todos ellos, para todas y todos.
Conoce, difunde y ejerce tus derechos.
